El 31 de octubre del año 2016, cuando el caso fue judicializado el Ministerio Público les atribuyó un blanqueo de $246 millones, pero esta tarde uno de los fiscales de la UIF dijeron que con el peritaje financiero contable se ha determinado que los imputados supuestamente lavaron $56 millones más.
RT @juancarlosvrm @FGR_SV presenta dictamen de acusación contra expresidente Elías Antonio Saca y seis imputados máspic.twitter.com/GLAukDayvu
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) 7 de diciembre de 2017
Ese peritaje es clave y se convierte en la columna vertebral del caso, cuya pretensión fiscal es que sean enviados a juicio y que en una vista pública se determine la situación jurídica de los procesados.
La Fiscalía General de la República ha presentado al juez 4o. de Instrucción de San Salvador, 100 testigos, entre ellos hay varios “criteriados” a quienes en la fase de instrucción se les ofreció ese beneficio procesal a cambio de declarar en contra del expresidente Saca y demás imputados, a esos testigos se les ha otorgado una clave para garantizar que su identidad no sea revelada, con su testimonio según la UIF se está incriminado directamente al exmandatario procesado por el delito de peculado y lavado de dinero.
El auxiliar fiscal que brindó la información dice que en la etapa de instrucción recopilaron estados financieros, documentación del Ministerio de Hacienda y otras instituciones con lo cual fortalecen la acusación.
RT @juancarlosvrm Unidad de Investigación Financiera (UIF) presenta dictamen de acusación contra expresidente Elías Antonio Saca y pide a Juzgado 4o. de Instrucción que lo envíe a juicio por supuesto lavado de $246 millones entre los años 2004-2009 pic.twitter.com/0Rdet05Rxu
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El Ministerio Público, menciona que Saca, para lograr desviar los $300 millones, encontró en seis de sus allegados los aliados perfectos para desviar esos fondos desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a sus empresas.
De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $300 millones, de ese monto, la UIF descubrió que $116 millones fueron cobrados en efectivo configurándose de esa forma peculado (apropiarse de bienes del Estado) que es un delito generador del lavado de dinero.
Además de Saca, la Fiscalía acusó ayer, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera de Capres; Pablo Gómez, excontador del secretario privado de Capres; César Funes, Exsecretario de la Juventud; Julio Rank , exsecretario de Comunicaciones de Capres, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero Institucional de Casa Presidencial, son señalados de peculado, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado.