Información obtenida por este periódico detalla que el Ministerio Público citó, al menos, 52 exfuncionarios a declarar en el último mes y con sus testimonios han confirmado cantidades de dinero que recibieron con el aval del entonces presidente Saca.
Uno de los entrevistados, según una fuente, habría informado a los fiscales que, en los cinco años que estuvo como funcionario público, recibió un estimado de $600 mil; otros entrevistados han dicho que los montos son considerables y que era un práctica en la administración Saca.
Varios exfuncionarios están residiendo en el exterior y viajaron a El Salvador para cumplir con el citatorio de la Fiscalía, que desde junio del año pasado abrió un expediente sobre los sobresueldos.
Lisandro Quintanilla, defensor del exsecretario de Comunicaciones de Capres, Julio Rank, dijo que la Fiscalía solamente citó a los defensores del expresidente Saca y del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, pero que él se mostraría parte, cuando se entrevistara a otros exfuncionarios en sede fiscal.
“Solo sabemos que los defensores de don Tony Saca y de Élmer Charlaix, son ellos los que están compareciendo a esas citas, a los demás no nos han convocado; sin embargo, nosotros trataremos de hacer presencia”, sostuvo Quintanilla.
El abogado agregó que depende de la estrategia de cada defensa, porque con respecto a su defendido, toda la información que pueda ingresar de parte de los exfuncionarios o algunos que todavía están fungiendo en cargos públicos, no incide de ninguna manera con respecto a la acusación en contra de Rank.
Pero como defensor del proceso, Quintanilla dijo que tiene todo el derecho de estar presente, al momento que los exfuncionarios estén declarando y la Fiscalía no puede oponerse a darle participación a ninguno de los defensores acreditados en esa causa penal activa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador; en dicha sede judicial no se ha querido que los periodistas que cubren juzgados lean el expediente, a pesar que el caso no tiene ningún tipo de reserva.
La secretaria de ese juzgado, cuando se ha pedido revisar el expediente, se ha opuesto bajo el argumento que la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos tiene un artículo que se los prohíbe.
El proceso
El 19 de febrero, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, confirmó que a petición de la Fiscalía General de la República y los defensores de Élmer Charlaix, se tomó la decisión de reprogramar la audiencia preliminar que se había fijado para la semana pasada.
El juez Rigoberto Chicas, señaló la diligencia para el próximo 16 de abril y en esa audiencia se determinará si los acusados de lavado de dinero, peculado y casos especiales de lavado de dinero y activos reciben algún sobreseimiento o son enviados a juicio.
Los imputados en este caso son: el expresidente Elías Antonio Saca González, Élmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, César Funes y Julio Rank.
Cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó el dictamen de acusación los fiscales dijeron que lo lavado, supuestamente, es de $300 millones, dinero que salió de la cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial.