Mientras que para Julio Rank pidieron que responda por un monto de $8,300,000, y César Funes, $886,697.97; ambos por el delito de lavado de dinero y activos. El fiscal Héctor Martínez, al hacer la solicitud planteó al Tribunal Segundo de Sentencia que todo hecho punible es generador de un pago civil, el cual debe ser subsidiario porque debe tomarse en cuenta la coautoría de todos los imputados, es decir, que participaron conjuntamente.
Según el Ministerio Público, existe un claro menoscabo patrimonial al Estado y que además, al estar frente a un delito de acción pública la responsabilidad debe ser asumida de forma solidaria, pero le pidieron al tribunal que defina el monto que corresponde pagar a cada uno de los imputados.
DefensoresEn los alegatos de cierre de la defensa, tres abogados externaron al tribunal su oposición a una condena de responsabilidad civil, los demás continuarán exponiendo hoy. Mario Machado, quien representa al expresidente Saca, se opuso al pago de ese monto y argumentó que la Fiscalía está reclamando que se devuelva todo el presupuesto que se le asignó a la Presidencia en los cinco años de gestión y que el Ministerio Público no ha sido capaz de determinar cuál fue la cantidad que realmente se sustrajo para un beneficio particular y el monto invertido debidamente.
Mientras que Luis Peña, defensor de Élmer Charlaix, le hizo ver al tribunal que tendrá una limitante procesal para definir el monto a pagar por cada uno de los procesados, porque no hay forma de establecer la cuantía ya que la Fiscalía no ha delimitado lo que se apropió y lavó; solicitó a los jueces que se abstengan de dictar una sentencia condenatoria y declaren una responsabilidad civil en abstracto.
El abogado Miguel Arturo Girón Flores, defensor de César Funes, le expuso al tribunal que en este caso no procede la responsabilidad civil porque en el delito de lavado de dinero que la Fiscalía le atribuye al exsecretario de la Juventud, el afectado es orden socioeconómico y no hay una víctima en específico y por lo tanto no se puede individualizar una reparación.
Condenas
La Fiscalía al culminar con sus alegatos finales ratificó la pena solicitada para los seis imputados que se adhirieron al proceso abreviado. Para Saca y Charlaix, 10 años de prisión por lavado de dinero y peculado, es decir, cinco años por cada ilícito.
Se reiteró que Francisco Rodríguez Arteaga sea condenado a seis años por peculado y lavado de dinero, tres por cada delito; mientras que para Jorge Herrera pidieron tres por peculado.
El caso de Pablo Gómez, por haberse sometido a un juicio ordinario se ha pedido 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero, ocho por cada ilícito.
En cuanto a Julio Rank y César Funes, se ratificó la petición de cinco años por lavado de dinero, pero el defensor de Funes, le pidió al tribunal que reconsidere condenarlo a una pena menor ya que a pesar de haberse acordado cinco años, los jueces tienen la potestad de modificar la pena.
Comisos
Como consecuencia de la responsabilidad civil, la Fiscalía también pidió que se aplique la figura del comiso, es decir, la perdida en favor del Estado de todos aquellos valores, bienes, muebles e inmuebles que sean producto del delito.
En el caso de Saca, se ha pedido que pierda el Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión de El Salvador, Radio Difusión Usuluteca, Stéreo 94.1 y ABC S.A.de C.V. , una casa en la urbanización San Mateo, otra vivienda en urbanización Miramonte y su mansión en el cantón El Carmen, de San Salvador, este último inmueble estaba a nombre de Promotora de Comunicaciones.
A Élmer Charlaix, el Ministerio Público ha pedido que pasen al Estado dos inmuebles en la Costa de Sol, departamento de La Paz.
