La audiencia preparatoria sigue hoy en la Cámara Primera de lo Civil. / Óscar Machón
La Fiscalía General de la República ratificó ayer su pretensión ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, para declarar la existencia de enriquecimiento ilícito del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por un monto de $183,536.61, entre los años 2000 al 2009, y que además sea condenado a restituir al Estado esa cantidad.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción también solicitaron a los magistrados que al finalizar el proceso se inhabilite para ejercer cualquier cargo público durante un plazo de diez años, tal y como señala el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos.
Con respecto a Gloria Natividad Valdés de García, esposa del expresidente de la CSJ, el Ministerio Público hizo las mismas solicitudes a excepción del monto que deberá restituir al Estado y el cual asciende a $10,097.
Tras esas pretensiones de la representación fiscal, los abogados de los demandados, pidieron a la Cámara que se declare no ha lugar a la existencia de enriquecimiento ilícito, que se les absuelva de los pagos que según la Fiscalía obtuvieron de forma indebida y que no se les inhabilite para ejercer un cargo público.
En la audiencia preparatoria, los fiscales señalaron que García Calderón solicitó el retiro voluntario de la carrera judicial, pero nunca ocurrió, porque hubo preclusión del término para el período para el cual fue electo magistrado, por lo cual no tenía derecho a una bonificación de $28,283.64.
El expresidente del Órgano Judicial tuvo que adherirse a su jubilación cumpliendo los requisitos que exige la Ley de la Carrera Judicial, de ahí que los fiscales sostienen que hay indicios de enriquecimiento ilícito porque el dinero utilizado para esa bonificación por retiro salió de la hacienda pública. Según la representación fiscal, el extitular de la CSJ hizo fraude de ley ya que incurrió en actos no probos beneficiando incluso a su cónyuge.
La Fiscalía también cuestiona la adquisición de vehículos de García Calderón y su esposa luego de terminar sus nueve años como presidente de la CSJ.
