De forma categórica la representación fiscal rechaza la resolución de la Cámara Segunda de lo penal que el pasado 1 de noviembre notificó a las partes la anulación del arresto domiciliar que el Juzgado Octavo de Instrucción decretó a los procesados.
El tribunal superior también modificó la cuantía de la caución económica para dos de los imputados, reduciéndola de $300 mil a $15 mil y de $35 a $10 mil, porque el juez instructor no explicó la razón de esas cantidades.
Con la inconformidad del Ministerio Público a través del recurso de revocatoria, los cuatro imputados deberán seguir en el sector nueve del penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, a espera de que los magistrados resuelvan el nuevo recurso de la Fiscalía.
Cuando la Cámara emita su resolución respecto a la revocatoria el proceso pasará al Tribunal Quinto de Sentencia y si los magistrados confirman su decisión, el referido tribunal deberá librar las cartas de libertad.
Pero si la Cámara accede a la pretensión fiscal, los cuatro acusados deberán esperar hasta el próximo 11 de diciembre para conocer su situación jurídica.