El Conab ha repartido bienes extinguidos como los del exdiputado Wilber Rivera./ DEM
El espíritu de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, vigente desde el año 2016, es golpear las finanzas del crimen organizado y despojar a las estructuras de todos sus bienes y medios para delinquir.
Desde que comenzó la normativa, el 28 de junio del año 2014, la Fiscalía General de la República ha presentado más de 50 procesos con más de 30 sentencias en donde bienes e inmuebles, dinero, vehículos y sociedades han pasado al Estado.
En las investigaciones, la unidad especializada de extinción de dominio ha probado que todos esos bienes fueron obtenidos de forma ilícita invocando el artículo 5 de la ley especial; en los casos, el primer lugar lo ocupa el lavado de dinero, la narcoactividad y en tercer lugar las pandillas.
En las sentencias firmes, el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) recibió notificación para distribuir los fondos entre las instituciones del Estado que la normativa especial menciona.
El artículo 94 de la ley especial dice que un 35 % de esos bienes extinguidos deben ir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y utilizarse para la ejecución de programas de prevención e investigación, así como para reforzar la capacidad operativa e investigativa de la Policía Nacional Civil (PNC).
Igual porcentaje es para la Fiscalía, quien distribuye en las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, la unidad de extinción de dominio y crimen organizado.
El CONAB recibe el 15 % para el mantenimiento y administración de los bienes, un 10% al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN); y otro 5% a la Procuraduría General de la República.
El artículo 5 de ley especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, menciona que se puede despojar de bienes a maras o pandillas.
