Los datos arrojan que el quinquenio es el más violento de la historia del país, cuando en 2015 alcanzó los 6,656 homicidios y en agosto de ese año hubo 918 asesinatos. Ese mes fue el más violento de los cinco años de gobierno del excomandante del FMLN.
La investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, dice que las pandillas son protagonistas en la violencia homicida, pero reconoce que en 2015 también se reflejaron las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por autoridades.
“A partir de este periodo es que aparecen este tipo de muertes y yo no dudo, es difícil contabilizarlas, pero no dudo que hayan tenido un peso importante en la estadística global, aunque aparentemente la estadística haya caído, la contribución de las muertes extralegales es cada vez mayor”, explica Aguilar.
El siguiente año fue clave en el segundo gobierno de la izquierda: el 3 de marzo 11 personas fueron masacradas con lujo de barbarie en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico,
La Libertad, a manos de ocho pandilleros del barrio 18, según determinó la Fiscalía en el juicio.
La masacre generó tal indignación en la sociedad salvadoreña que el gobierno creó las medidas extraordinarias y propuso un decreto transitorio que año con año se prorrogó hasta incluirlas en una reforma a la Ley Penitenciaria.
Las medidas fueron educación y trabajo obligatorio para los reos, centros temporales de reclusión, destitución de empleados penitenciarios a discreción del director por faltas cometidas; también, restricciones de los reos en celdas especiales, la reubicación de antenas telefónicas, además de la polémica prohibición de antenas en un radio de 500 metros de los penales.
Las medidas también incluyeron la suspensión de traslados de reos a audiencias durante un año y el inicio de las audiencias virtuales, la suspensión de audiencias por 30 días y la contratación directa que el ministro de Justicia y Seguridad pudo hacer para “mejorar, equipar y hacer funcionar las ampliaciones carcelarias”. El decreto que entró en vigencia el 1 de abril del 2016 aclaraba que las medidas serían aplicadas solo en los penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Izalco, San Francisco Gotera, Quezaltepeque, Zacatecoluca y en ese entonces los penales de Ilobasco y Cojutepeque.
El 2016 cerró con 5,280 homicidios pese a esas medidas extraordinarias, el segundo años más violento de la historia salvadoreña.
Para el criminólogo, Ricardo Sosa, las medidas extraordinarias fueron la respuesta que el gobierno del presidente Sánchez Cerén dio al combate al crimen.
Añade que los más de 23,000 homicidios que acumuló el segundo gobierno de izquierda es la herencia de la tregua. “Son únicamente muertes violentas como consecuencia de la ruptura de la tregua ordenada y avalada por el expresidente Funes, le correspondió al Presidente Sánchez Cerén recibir este ataque contra la población y la primera línea de defensa de los ciudadanos al decidir no continuarla, ni aceptar negociación con las estructuras criminales lo cual le generó esta reacción del crimen organizado”, dice Sosa.
El 2017 tuvo una gran disminución de homicidios, cerraba con 1,308 menos que el año anterior, pero con un caso que puso en evidencia la Policía Nacional Civil: el asesinato y desaparición de Carla Mayarí Ayala Palacios. Con su caso también tomaron fuerza los feminicidios que incrementaron en 2018, como violencia imparable. El director de la PNC asegura que las medidas extraordinarias propiciaron vitalmente la reducción de los homicidios.
¿Refundación de la PNC?
La investigadora Jeannette Aguilar señala que la descomposición de la PNC quedó al descubierto durante este quinquenio “no veo salida, la mejor alternativa -que obviamente no es viable- sería refundar la policía, crear una policía independiente del Ejecutivo, con nuevos elementos formados, no solo técnicamente, sino con otros parámetros de profesionalización”, señala.
Esto debido a la cantidad de policías que han sido acusados, procesados y condenados en tribunales.
“Difícilmente, con tanto delincuente adentro van a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos”, agrega.
Espera que el nuevo gobierno dé “un giro de timón”, para erradicar el maltrato policial y las violaciones a derechos humanos registradas en la Procuraduría.
