Los 21 procesados se han presentado ante el juzgado especializado de instrucción “A”. / Wilson Urbina
En el segundo día de audiencia preliminar, la Fiscalía General de la República confirmó que durante la vigencia de la tregua, entre marzo de 2012 y agosto de 2013, instancias del gobierno entablaron una alianza para facilitar la ejecución de delitos de las pandillas.
Uno de los fiscales al exponer el caso de la tregua, dijo que la Policía Nacional Civil (PNC), el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y la Dirección General de Centros Penales (DGCP) designaron personal para que participara en las negociaciones con las pandillas y de eso existen documentos y testigos que ubican a los representantes gubernamentales en reuniones con jefes de pandillas en diversos penales, erogaciones de fondos de gastos de combustible para los vehículos estatales que los mediadores de la tregua utilizaban y hasta el pago de dos locales que Raúl Mijango tenía para reunirse con los pandilleros y personas contratadas para que apoyaran a este “facilitador” en las actividades de logística, cuyos fondos salieron de las arcas del Estado.
Ayer, el Ministerio Público ofreció a varios testigos para que en una eventual vista pública refuercen esa acusación sobre la alianza gubernamental y las pandillas. Entre los testigos claves se mencionó al exdirector del OIE y de la PNC, Francisco Ramón Salinas Rivera, quien por haber estados fungiendo como funcionario de gobierno entre los años 2009 al 2013 tuvo conocimiento sobre la participación activa que el gobierno, a través de varias dependencias, entre ellas el Ministerio de Seguridad y Justicia, Organismo de Inteligencia del Estado y otras entidades, tuvieron en la organización de la tregua entre las pandillas. Salinas Rivera, cuando fue citado a declarar como testigo en la Fiscalía, dijo que la tregua llegó a ser una política de gobierno y de ahí que resulta clave que acuda a explicar las razones por las cuales hace esas afirmaciones.
Para fortalecer más la acusación sobre la alianza entre las instancias del gobierno y las pandillas, se menciona que durante la tregua, el entonces Centro de Inteligencia Policial (CIP) ahora División de Análisis y Producción de Inteligencia, el jefe de esa división, comisionado Óscar Aguilar, se reunían en esa sede policial con los subinspectores Luis Alonso Aguilar Marín y Juan Roberto Castillo Díaz; este último es, según la Fiscalía, el que junto a Raúl Mijango se reunió muchas veces con los jefes de las pandillas para pactar los privilegios que iban a otorgarse, incluso un testigo con régimen de protección dice que Castillo Díaz introducía teléfonos celulares a los pandilleros en cajas de Pollo y en cajas de zapatos.
Agrega que una vez el pandillero Carlos Alberto Rivas Barahona, “Chino Tres Colas”, saco un teléfono de un zapato que el oficial de la PNC le había introducido.
El caso
07/02/2012
David Munguía Payés nombra a Nelson Rauda como director general de Centros Penales y ratificó como inspector general de Centros Penales a Anilber Eduviges Rodríguez Villeda.
23/01/2012
Munguía nombró a Francisco Ramón Salinas Rivera como director general de la Policía Nacional Civil, a Oscar Antonio Aguilar Hernández, indicativo Cachorro, como jefe del Centro de Inteligencia Policial y como subjefe de dicho centro a Carlos Omar Cubías.
8 y 9/03/2012
En la madrugada de esos días fueron trasladados los líderes de las pandillas MS y 18 del Centro Penal de Zacatecoluca a por lo menos cuatro diferentes centros penales comunes en el país.
12/04/2012
Según la Fiscalía, desde ese día empezaron a ingresar ilícitos a los Centros Penales, como beneficios de la tregua y alianzas de las pandillas y el Gobierno.