Uno de los homicidas relató cómo planearon el hecho. / Juan Carlos Vásquez


El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador comenzó el juicio contra nueve integrantes de la Pandilla 18, acusados de asesinar al exfiscal César Augusto García Funes.

El abogado desapareció el 25 de mayo de 2016 y un día después, encontraron el cadáver semienterrado en una finca del volcán de San Salvador, en la jurisdicción de Mejicanos; la principal prueba de la Fiscalía es la declaración de un testigo criteriado que participó en el hecho y quien señaló la forma en la que se planificó y ejecutó el crimen en represalia porque la víctima no ganó un caso en el cual eran procesados miembros de esa pandilla.

El fiscal del caso confirmó que el hecho comenzó a ser planificado por pandilleros de la 18 que estaban recluidos en un centro penal, el 19 de mayo del año pasado. “Datos proporcionados por uno de los testigos, al parecer el abogado empezó a trabajar un caso para ellos y el cual no tuvieron buenos resultados y de eso devino la orden de asesinar al profesional del derecho”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

El criteriado quien participó en el crimen ha señalado las personas con las que se comunicó en el centro penal, el motivo por el que lo asesinaron y la forma en que lo hicieron.



Otros testigos dicen que el día del homicidio, el abogado se comunicó con los pandilleros mediante una aplicación de mensajes para informarles del lugar donde se encontraba y el tema que iban abordar al reunirse.

La Fiscalía General de la República ha individualizado a los dos imputados que planificaron el crimen, el que lo ejecutó y los que participaron como encubridores de las evidencias, para despistar a las autoridades en la investigación.

Los principales señalados son: Dixi Alberto Bernal Crespín, Josué Gustavo Jule Zepeda y Carlos Noé Velásquez Castillo; los primeros dos planificaron el homicidio desde el penal y el tercero fue quien lo asesinó, de acuerdo a la acusación fiscal.

Los demás imputados son mencionados por el Ministerio Público como encubridores porque ayudaron a borrar evidencias del caso.

La Fiscalía presentó desde el principio, un análisis integral de prueba científica, pericial, documental y testimonial para respaldar su acusación en contra de los pandilleros.

 

10 Las personas

Que fueron detenidas por el homicidio, pero después uno de los involucrados se convirtió en testigo criteriado.