El lunes, Penales selló las celdas de los reos en siete de los rencintos. / Cortesía Capres
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente citó para hoy a las 10:00 de la mañana a 11 funcionarios del gobierno, entre ellos, dos ministros para que fundamenten las medidad decretadas en los penales.
Se ha pedido que comparezcan a la audiencia, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas; el ministro de Salud, Francisco Alabí; el director de Centros Penales Osiris Luna, así como el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza.
También se ha pedido que lleguen el director y alcaide del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, en La Paz.
El juez pretende que los funcionarios le fundamenten con pruebas que la medida tomado en los reclusorios, específicamente en “Zacatraz” es porque desde estos recintos se ordenó el incremento de homicidios.
El pasado viernes 24 de abril, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó decretar máxima emergencia en los penales, señalando que la inteligencia penitenciaria detectó que desde las cárceles se había ordenado incrementar los homicidios en el país.
El juez de vigilancia quiere que le presenten esos informes de inteligencia y que se los pongan a disposición en la audiencia que programada para las 10:00 de la mañana en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Mientras tanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió explicaciones a los directores de los siete penales que albergan a los 16,000 reos sometidos al encierro total, sobre las medidas implementadas en esos reclusorios.
En el oficio enviado el pasado lunes al director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como “Zacatraz”, el delegado departamental de la PDDH de La Paz, Luis Alcides Mejía Moreno, pide que en un plazo de 48 horas a partir de recibida la solicitud se le remita el informe.
Al director de “Zacatraz” y al resto de los penales, la Procuraduría pide informe sobre los procedimientos implementados en los recintos penitenciarios en cumplimiento a la orden que el pasado viernes dio el presidente de la República.
Se ha requerido un detalle sobre las actividades y beneficios suspendidos a los privados de libertad, el fundamento fáctico y jurídico que respalda la medida y el período por el cual se mantendrá vigente.
La Procuraduría recomienda la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de los reos en esos penales, principalmente, el derecho a la salud para prevenir contagios de COVID-19, al interior de las penitenciarías salvadoreñas.