El pasado lunes, los colaboradores no recibieron usuarios y se dedicaron a depurar trabajo. / J.C.V.


El Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador, volvió a atender al público, ayer, luego de permanecer cerrado el lunes 5 de marzo, debido al descontento del personal, supuestamente, por la carga de trabajo y falta de apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se informó que representantes de la Corte llegaron a reunirse con los empleados para buscar una solución a sus demandas, planteadas desde hace seis años, cuando expusieron la carga laboral; en ese entonces, el juzgado estaba instalado en la 49a. avenida Sur de San Salvador.

Los representantes de la CSJ se comprometieron a contratar a tres personas para reforzar el trabajo que realizan los siete colaboradores jurídicos.

Al cerrar el pasado lunes, los demandantes pidieron igualdad de condiciones ya que en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de la capital hay 12 colaboradores jurídicos diligenciando los procesos penales que la Fiscalía presenta.

Los empleados señalan que no es posible que no haya equidad laboral si la asignación de casos y el trabajo que realizan es similar, por lo cual decidieron cerrar el juzgado para presionar y hacerle ver a la Corte, las condiciones laborales que enfrentan.

Los colabores jurídicos también han expuesto a los magistrados que las actividades laborales las realizan en un ambiente que no reúne las condiciones mínimas necesarias, ya que están en un espacio físico inadecuado donde hay hacinamiento e insalubridad.

Además de eso, dicen que en la época de invierno se ha inundado, poniendo en riesgo los expedientes.

Otro de los aspectos que los empleados de ese juzgado han pedido que se les resuelvan, es que les otorguen mejores insumos y equipos de trabajo, ya que, por la complejidad y lo extenso de los casos que reciben, cuentan con lo mínimo para poder funcionar.

Han dicho que, en ocasiones, de su bolsillo han tenido que comprar hasta tóner para imprimir documentos.

“Nosotros a nivel de la zona central conocemos siete departamentos con un total de 134 municipios y qué conlleva a eso: el trabajo que se acumula es excesivo, estamos hablando de procesos de 300 y 500 reos, solo para que tengan una idea”, dijo el colaborador jurídico el pasado lunes, cuando cerraron el juzgado.

Los empleados señalaron que desde 2012 presentaron escritos a la Corte en pleno para que resolviera el problema.