A la empleada judicial la Fiscalía General de la República la acusó en el Juzgado 1o. de Paz de Tejutla, por los delitos de peculado (apropiarse de bienes del Estado) e incumplimiento de deberes.
Este caso comenzó a ser investigado por una denuncia interpuesta el 1 de abril del año 2016 por el juez de Primera Instancia de Tejutla, David Ovidio Peraza Fuentes. El funcionario informó a la Fiscalía que el 13 de enero de 2014, cuando asumió ese tribunal, le giró lineamientos a Guerrero Orellana para que de todas las evidencias que existían físicamente en el tribunal, se actualizara el inventario de objetos y con respecto a las armas de fuego, se enviaran a la guarnición militar de esa jurisdicción.
El juez refiere que el 10 de marzo del 2016, a través de informe que le entregó Delmy Esthela Torres de Ruiz, notificadora interina de su tribunal, se enteró que cuando iban a hacer el trámite para enviar dichas armas a la sede militar, no las encontraron.
El juzgador denunció en la Fiscalía que la notificadora, en el informe que le entregó, le manifiesta que el 8 de enero de 2016, esas armas todavía estaban en las instalaciones del juzgado porque las observó en una caja que se encontraba en un cuarto de su despacho.
Torres de Ruiz hace constar en el escrito entregado al juez que ese mismo día, junto al ordenanza y una resolutora, le entregaron la caja con las armas a la secretaria, ordenando que las dejaran en el mismo lugar.
El 11 del mismo mes, le entregaron un oficio al juez interino, Carlos de Jesús Chavarría Palomo, para que firmara la remisión de dichas armas, pero ya no las mandaron porque no habían coordinado y las dejaron en el mismo cuarto, por orden de la secretaria.
Siete días después, Guerrero Orellana pidió a la notificadora que verificara las armas para remitirlas y cuando la notificadora llegó al cuarto a revisar la caja, la secretaria ya estaba en el lugar y al preguntarle dónde estaban, le respondió que le preguntara al ordenanza sobre la ubicación.
La sorpresa fue que el16 de marzo de 2016, cuando la notificadora revisó la caja que le entregó el ordenanza a la secretaria, descubrió que los embalajes estaban abiertos y vacíos y las cuatro armas de fuego habían desaparecido y hasta la fecha nadie sabe dónde están.
En la audiencia inicial el fiscal del caso solicitó que se le decretara instrucción formal con detención provisional, pero al finalizar la diligencia se le impuso medidas sustitutivas a la detención consistentes en no salir del país y presentarse a firmar cada ocho días al Juzgado de Primera Instancia de esa localidad.