Entre los bienes de José Adán Salazar, también están gasolineras, la mayoría en la zona occidental, hoteles, vehículos, ranchos de playa y viviendas. / Wilson Urbina
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio aún no admite –o rechaza– la solicitud que la Fiscalía General de la República (FGR) le presentó, para iniciar el proceso que llevaría a que todos los bienes del empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” y 14 integrantes más de su, supuesta, organización pasen al Estado.
La solicitud fue presentada por la Unidad Especializado de Extinción de dominio el 9 de enero y cinco días después se debía emitir una resolución sobre la admisión, pero el pasado 19 de enero, la jueza previno al Ministerio Público para que subsanara algunos puntos y le otorgó como plazo tres días que se vencieron el pasado miércoles 24 de enero.
Se consultó a la Fiscalía General de la República sobre los aspectos prevenidos por el juzgado y si ya se habían subsanado, por lo que se informó que se cumplió con el plazo que la ley otorga.
Según el reporte oficial, el pasado miércoles se subsanaron las prevenciones y que la mayoría tienen que ver con documentación de respaldo de los titulares de los vehículos, en el escrito que la Fiscalía interpuso el 9 de enero, confirmó su pretensión de extinguirle a la estructura de “Chepe Diablo” un total de 259 vehículos.
A partir de la presentación de los puntos subsanados por Fiscalía, comienzan a correr nuevamente cinco días hábiles para que el juzgado se pronuncia sobre la admisibilidad, ese plazo termina el próximo 31 de enero, pero debido a lo complejo del proceso podría conocerse hasta en febrero y notificar a los afectados sobre el expediente iniciado por la Fiscalía.
Además de los vehículos, la representación fiscal pretende que 81 inmuebles, 57 cuentas bancarias, cinco certificados de depósito a plazo fijo, 21 participaciones accionarios y 16 sociedades entre las que destacan Agroindustria Gumarsal S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V. sean declarados en extinción a favor del Estado.
Este caso comenzó a diligenciarse cuando se impuso medidas cautelares el 4 de abril de 2017, pero la fase de investigación inicial culminó el pasado 9 de enero con la presentación de la solicitud en el Juzgado.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, preliminarmente, ha informado que los bienes que buscan sean extinguidos estarían valorados en unos $150 millones.
