La exjueza Astrid Torres es acusada por el delito de favorecimiento a la evasión. /Johnny Coto


La exjueza de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Santa Tecla, Astrid Torres, seguirá el proceso penal por el delito de favorecimiento a la evasión que la Fiscalía le atribuye, bajo el cumplimiento de una serie de medidas que le impuso el Juzgado 1o. de Paz, de ese municipio.

Al finalizar la audiencia inicial, el tribunal le decretó instrucción con medidas alternas a la detención consistentes en abstenerse de visitar los centros penitenciarios donde estuvieron recluidos los reos que favoreció con la libertad, no acercarse a las oficinas de la Dirección General de Centros Penales y no contactar a los testigos que la Fiscalía General de la República ha presentado en el proceso y que han declarado en su contra.

Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción, en el requerimiento presentado había solicitado que a la exfuncionaria judicial se le decretara la detención provisional por considerar que se está frente a un hecho grave; pero, el juez de la causa, Luis Manuel Reyes Deras, resolvió con las medidas a favor de la procesada y envió el expediente al Juzgado 1o. de Instrucción de Santa Tecla.

“Se han presentado diversos tipos de pruebas, y a criterio del juez de la causa son válidos en esta primera fase, y por tal motivo envió el proceso a la siguiente etapa procesal y la cual será conocida por el Juzgado 1o. de Instrucción en esta jurisdicción”, manifestó Amaya, al finalizar la diligencia.

Según el señalamiento fiscal, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, condenó en julio del año 2009 a 124 pandilleros por los delitos de proposición y conspiración, agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.

La defensa de los imputados presentó casación en la Sala de lo Penal de la CSJ, que posteriormente resolvió que para 29 imputados no procedía la libertad, pero en mayo del año 2012 Torres obvió la decisión del tribunal superior y ordenó que abandonaran los penales donde estaban recluidos.

Amaya dijo ayer que la ilegalidad de Torres se dio cuando ordenó la libertad de los 29 imputados, pero debido al control de los alcaides de algunos penales, 12 no pudieron salir porque verificaron que los cómputos hechos por la exjueza no eran similares con el expediente que Centros Penales tenía registrados.

“La señora jueza cuando declara firme la resolución del 4 de mayo, no le garantizó al Estado su posibilidad de revisar y apelar la decisión que estaba notificada, más grave aún que al día siguiente declara firme la resolución, entonces no le permitió al Estado tener un espacio para meditar cuál era el camino a seguir para revisar lo decidido”, sostuvo el juez Reyes Deras, luego de emitir su decisión e instruir el proceso para que la acusada enfrente una audiencia preliminar.

17 Reos

De los reos favorecidos, 16 eran del penal de Quezaltepeque y uno del centro penal de Mariona.