Las familias salvadoreñas han sido obligadas por pandillas y agentes de seguridad a abandonar sus casas para salvaguardar sus vidas. Fotografía de archivo.
Diez días después que la Sala de lo Constitucional ordenara al Estado a reconocer el desplazamiento forzado por violencia, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, dijo que acatará la sentencia y dará "fiel y absoluto cumplimiento", a la resolución; sin embargo, criticó que los exmagistrados de la Sala no tomaran en consideración los resultados del informe de la movilidad interna a causa de la violencia en el país.
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"Consideramos que hubo muchos aspectos de la situación que fueron dejados por fuera, por parte de los señores magistrados, aún así estamos en la obligación de darle cumplimiento y en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y sus instituciones así como el gabinete de seguridad, estamos coordinando las acciones a desarrollar para darle cumplimiento", dijo el titular de Seguridad esta mañana, en la inauguración de la Oficina de Atención a Víctimas del hospital Rosales.
Según el ministro, un segundo aspecto que los entonces magistrados de la Sala no consideraron es que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República ya efectúan capturas por el delito de limitación de la libertad de circulación, delito incluído en las leyes salvadoreños en 2016 que es castigado con cárcel de cuatro a ocho años.
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"También, la sentencia dispone que desarrollemos políticas, que desarrollemos protocolos de actuación, de los cuales el ministerio de Justicia y Seguridad Pública en coordinación con todas las instituciones, en relación con la atención a la problemática y también con la sociedad civil desarrollamos un protocolo conjunto de actuación que tenemos en ejecución ya tales protocolos de actuación y procedimientos los hemos desarrollado y están siendo implementados para la atención de las víctimas de desplazamiento forsozo por la violencia", agregó el titular.
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Ramírez recordó que según el informe de la movilidad interna, el fenómeno es "multicausal" y no solo por violencia.
El pasado 13 de julio, la última sentencia de la Sala de lo Constitucional amparó a seis familias, víctimas del desplazamiento forzado por violencia, y ordenó al Estado salvadoreño a reconocer el fenómeno y reformar el sistema de protección a víctimas; además, ordenó recuperar los territorios dominados por pandillas, de donde fueron sacadas las familias.
El último informe de los desplazamientos internos por violencia que atendió Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl, el año pasado registró a 701 víctimas en 186 casos.
Veá aquí las declaraciones del ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, entorno a la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el desplazamiento forzado.