Para la Fiscalía la principal lavadora de dinero es Gumarsal. / DEM
El pasado 3 de abril, la Fiscalía General de la República decretó medidas cautelares, anotaciones preventivas, embargos y administración en los bienes que están a nombre de los nueve imputados, así como las sociedades Agroindustria Gumarsal S.A. de C.V. y Hotesa S.A. de C.V., entre ambas han blanqueado supuestamente $177,106,580.82 y que representa la cantidad más grande que hasta el momento podría pasar al Estado.
Pero el análisis financiero realizado por la Unidad Especializada de Extinción determina que la principal, supuesta, blanqueadora de capitales es Agroindustria Gumarsal S.A. de C.V., cuyo monto asciende a $170,952,288.56, entre los años 2003 al 2015; mientras que Hotesa S.A. de C.V. ha lavado presuntamente $6,154,292.26 entre los años 2003 y 2004.
Alexis Ayala, jefe de Extinción de Dominio de la Fiscalía, dijo que también se han decretado la serie de medidas cautelares a viviendas de lujo, ranchos, hoteles, vehículos, gasolineras y farmacias.
“La medida cautelar de extinción de dominio tiene por objeto suspender el poder impositivo que se ejerce sobre un bien determinado durante dure el proceso, la finalidad es ejercer la acción en contra de estos bienes y una vez determinada la causal que en este caso es el incremento patrimonial no justificado vinculado actividades de lavado de dinero se procederá a solicitar ante los tribunales que estos bienes pasen a poder del Estado”, expresó Ayala.
En el caso de los establecimientos comerciales, entre éstos, las gasolineras, hoteles y Gumarsal, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los bienes de Origen o Destinación Ilícita, determina que se debe decretar la medida de administración para que sigan funcionando y que sea el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), el responsable, con el fin de garantizar el empleo para los cientos de trabajadores de esas empresas.
La Fiscalía General, al haber decretado las medidas cautelares, ha golpeado directamente las finanzas de José Adán Salazar Umaña, sus dos principales aliados; Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra Umaña, así como las otras seis personas, quienes ya no podrán disponer de ningún ingreso que generen los negocios, ni tampoco podrán contar con sus bienes, inmuebles y vehículos, ya que tienen anotaciones preventivas por parte del Centro Nacional de Registro (CNR) y el Registro Público de Vehículos.