La fotografía muestra el cierre del Centro Judicial Isidro Menéndez, el pasado 29 de junio. / Óscar Machón
Entre el 19 de marzo y 30 de junio de 2020, la Fiscalía General de la República asegura que investigó y documentó tres cierres y tomas de instalaciones judiciales, así como un llamado a la insurrección popular, en los que aparecen como supuestos responsables ocho dirigentes de tres sindicatos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ya fueron acusados de forma oficial.
La causa penal es promovida por la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la oficina Fiscal de San Salvador ante el Juzgado Quinto de Paz, se prevé que este jueves a las 2:00 de la tarde los imputados sean notificados por los ilícitos de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho, mientras que a Roswal Gregorio Solórzano Hernández, principal dirigente sindical, también es señalado de apología del delito.
Los otros siete sindicalistas acusados son: Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar.
En el requerimiento presentado el pasado martes el Ministerio Público detalla cada uno de los eventos en los que ubica a los imputados. El primero de los hechos ocurrido el 19 de marzo de 2020, se desarrolla en cinco sedes judiciales específicas.
Según la Fiscalía, cerraron los accesos a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo la entrada de empleados y usuario, bloquearon el ingreso a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ de San Salvador, el Palacio Judicial de la Corte, Centro Judicial Isidro Menéndez y otras sede del interior del país.
En ese evento dice la representación fiscal que estuvieron presentes miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio SEJES.
En el caso de Roswal Solórzano, la acusación detalla la divulgación de un mensaje en redes sociales, el pasado 10 de junio, en un video, el sindicalista supuestamente aparece haciendo un llamado a la insurrección popular, y salir a ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.
Un día después, ese llamado tuvo eco en diversas organizaciones sociales ya que salieron a protestar durante seis horas, obstruyendo la libertad de tránsito en la Alameda Juan Pablo II y bloquearon además el acceso al Instituto de Medicina Legal (IML), de esas acciones el Ministerio Público dice que hay un video difundido por un periódico digital.
El 25 y 29 de junio los sindicalistas volvieron a cerrar el Centro Judicial Isidro Menéndez y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, provocando la realización de audiencias y diligencias judiciales, según el expediente judicializado.
Fiscalía se auxilió en la CSJ para investigar caso
El 29 de junio de 2020, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió a magistrados y jueces, que tienen como sede el Centro Judicial Isidro Menéndez, un informe sobre la afectación que tuvieron tras el cierre de esa sede por parte de los sindicalistas, el jueves 25 y lunes 29 de junio.
El requerimiento se hizo debido a que la Fiscalía, solicitó un informe sobre las cámaras, tribunales y juzgados que resultaron afectados por el bloque de calles y acceso al centro judicial.
Esos fueron los dos últimos eventos que los sindicalistas impulsaron y que la Fiscalía investigó como parte del expediente abierto para terminar individualizando a ocho dirigentes sindicales.