Según el legislador, este proceso él lo ha venido ganando en diversas instancias, pero “alguien” tiene intenciones en seguirlo dañando y la Fiscalía General de la República revocó las resoluciones emitidas a su favor para continuar con el caso.
“Lo que quiero es justicia, única y exclusivamente justicia. Aquí no se le ha agarrado ni un cinco a nadie, nunca he trabajado manejando fondos del Estado, en ningún momento he trabajado manejando partidas del Estado”, dijo el diputado.
Expresó que lo están enjuiciando por informes emitidos en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que en tres ocasiones ha ganado el caso.
La última resolución a su favor fue la que emitió la exjueza de Extinción de Dominio - hoy procuradora general de la República, Miriam Gerardine Aldana Revelo- quien anuló el proceso por considerar que en los casos de incremento patrimonial injustificados de funcionarios con afectación del erario público, se debe aplicar la Ley Enriquecimiento Ilícito y que la autoridad competente para conocer son la Cámaras de lo Civil y no un juzgado en extinción de dominio.
El diputado dice que desde hace cuatro años y medio le han iniciado una persecución política y que la Fiscalía pese a que en varias resoluciones lo han exonerado, ha decidido apelar para despojarlo de sus bienes.
El 6 de marzo de 2017, la Fiscalía General de la República le incautó los bienes e inició el proceso de extinción.