MS-13 obtenía 70 % de ganancias de negocios allanados en Ilopango

En la colonia Santa Lucía, de Ilopango, la Mara Salvatrucha les propuso, supuestamente, a comerciantes y empresarios de transporte, la inversión de grandes cantidades de dinero que iban desde los $10 mil hasta los $23 mil, a cambio de quedarse con el mayor porcentaje de las ganancias, así lo reveló el testigo criteriado “El Padrino”, presentado por la Fiscalía General de la Repúblic a(FGR) como su principal prueba testimonial.

Cuando la MS-13 inyectó dinero de una forma cronológica, producto de la droga, extorsión, robo y hurto, los propietarios de los negocios perfilados por la Fiscalía como colaboradores, aceptaron que la pandilla se quedara con el 70 % de las ganancias y el 30 % restante era para los comerciantes.

Esa inversión de dinero ilícito y el acuerdo pactado, entre ambas partes, generaron el lavado de dinero y organizaciones terroristas, delitos por los cuales 13 imputados deberán permanecer en detención provisional durante los próximos cinco meses otorgados como fase de instrucción.

Ese plazo puede extenderse en el caso que la Fiscalía solicite una prórroga y lo justifique ante el Juzgado Especializado de Instrucción ”A” de San Salvador que desde ayer comenzó a diligenciar el proceso.

La jueza Lucila Fuentes, dijo que los indicios presentados por el Ministerio Público son suficientes y con respecto al testigo “El Padrino”, expresó que no siempre un criteriado es la base de una acusación fiscal, eso en referencia a otros elementos que valoró, entre esos las actas de seguimiento y de investigación que agentes policiales realizaron.

Mencionó que por este tipo de delitos de organizaciones terroristas y lavado de dinero presentados en concurso real, todo está concatenado y en su análisis dijo que cuando una estructura de crimen organizado invierte en un negocio lo que genera son ganancias para incrementar su accionar delictivo y en la causa penal que la Fiscalía le ha puesto a disposición, es ese fenómeno el que se manifiesta y por la gravedad de lo que, supuestamente, ha estado ocurriendo no aplica más que una detención para los imputados.

Recalcó que “en este caso, en particular, no es la falta de arraigos lo que me hace imponer la detención provisional, al menos, no en el delito de lavado de dinero, en las organizaciones terroristas incluso tienen una pena alta, porque estamos hablando de 8 a 12 y de 9 a 15 años”, sostuvo la funcionaria judicial, al resolver, ayer.

Hoy, el Juzgado Especializado de Instrucción “B” inciará la audiencia contra el segundo grupo de más de 500 acusados en la Operación Cuscatlán, entre ellos unos 400 intimados en centros penales.