El exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela y otros 15 imputados fueron enviados a juicio por los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, estafa, falsedad documental agravada y falsedad ideológica.

La Fiscalía General de la República señala que producto de esos delitos que supuestamente cometieron, desfalcaron al Estado con un monto de $2,752,043.77, según lo establecen dos pericias financiera contables que dejan al descubierto irregularidades en la construcción y equipamiento de los hospitales, San Pedro, de Usulután y Santa Gertrudis, de San Vicente.

En un primer peritaje que la Fiscalía había solicitado, se determinó que el monto desfalcado era $5,142,096.57, pero un nuevo examen redujo el monto.

Los fondos afectados eran parte del dinero destinado para el proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud (RHESSA) que incluía siete hospitales nacionales.

Ayer, en la audiencia especial de apertura a juicio que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador admitió toda la prueba a la Fiscalía y defensa para que sean analizadas y controvertidas en una vista pública que deberá realizar uno de los seis tribunales de sentencia de la capital.

El fiscal del caso dijo que las pericias financieras contables, que finalmente presentaron, revelan que en el Hospital San Pedro, donde es acusado Maza Brizuela, se pagó $1,700,000.

En el análisis que hizo el experto se estableció que el avance de la obra reportado por la empresa supervisora y pagado con fondos del proyecto no coincidió con el avance técnico real, por lo que se determinó que hubo un exceso en el pago de obra y equipamiento del inmueble.

“Después de toda la recopilación de prueba que hubo en la etapa de instrucción, con unos peritajes que ya cuenta la Fiscalía y que ya están ofertado en el proceso, determinaron peritos de la Corte de Cuentas, que en el caso concreto de los sobrecostos por los equipos propios del inmueble más las obras que no se ejecutaron y fueron pagadas asciende a un total de $1.7 millones” reiteró el fiscal del caso.

Sobre la audiencia el abogado Lisandro Quintanilla, quien defiende a César Orlando García Herrera, acusado por falsedad documental agravada y estafa agravada, manifestó que la diligencia era solo para incorporar la prueba ya que por orden de la Cámara la defensa no pudo discutir la admisibilidad de la misma.

Mientras que por el Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente, se canceló $1,052,043.77, en este proyecto, el avance físico de la obra ejecutada es del 63.05 % según el peritaje técnico realizado por el ingeniero Julio César Ramos Mancía, el 30 de noviembre de 2009.

En las conclusiones se detalla que el monto que el Ministerio de Salud debió pagar tuvo que ser de $8,951,600.53, sin embargo al contratista se le canceló financieramente el 70.46 % equivalente a $10,003,644.31.

Por lo que la cantidad de obra pagada y no ejecutada, más el valor de los equipos propios del inmueble, según estimaciones 1 y 9 fue de $1,052,043,77.