Rafael Silva Zambrano dice que agotará las instancias para que los $279 mil que le decomisaron de forma arbitraria e ilegal se los regresen, ya que ese dinero es producto de su actividad de cambio de divisas. Su abogado Ricardo Miranda hace un análisis del camino a seguir estratégicamente, de entrada señala la contradicción del sistema de administración de justicia salvadoreño, por un lado los jueces de sentencia han dicho que el dinero es lícito, pero la jueza en extinción de dominio lo entregó al Estado porque según su criterio no se justificó la procedencia.

Miranda está dispuesto llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ende hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero antes va agotar las instancias nacionales. En los próximos días presentará un amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación al derecho de propiedad y violación del derecho a la seguridad jurídica.

“¿Cómo es posible que el sistema de administración de justicia de El Salvador esté dando una respuesta contradictoria al caso del señor Silva Zambrano?, por una parte le dicen que es inocente y que el dinero está justificado y legitimado; y por otra parte de la jueza de extinción de dominio dice que no está justificado, es una contradicción”, explicó Miranda.

El abogado dice que espera un resultado satisfactorio de la Sala de lo Constitucional y que se corrijan los errores judiciales, que se declare ha lugar el amparo, que se le devuelva el dinero, se pague los intereses y resarza los daños y perjuicios ocasionados.

“Obviamente el Estado de El Salvador ya no le debe al señor Silva Zambrano los $279 mil que le ha incautado, le debe mucho más, intereses legales y daños y perjuicios, pero si el Estado de El Salvador no nos da una respuesta favorable ante el amparo, nosotros acudiríamos a la Comisión Interamericana a plantear al denuncia para que conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó el defensor.

El dinero del colombiano paso al Estado vía extinción de dominio el 26 de octubre de 2016, cuando la jueza especializada en extinción de dominio emitió una sentencia estimatoria planteando que Silva Zambrano, no demostró el lugar donde realizaba el cambio de divisas y que no incorporó las facturas o comprobantes y que por no tener respaldo económico se traduce en un incremento patrimonial no justificado.

En su decisión, la jueza dijo que para declarar la extinción de dominio y destruir esa presunción de buena fe de Silva Zambrano, se basó en el proceso penal por lavado de dinero y activos que si bien se había dictado sentencia absolutoria a favor del colombiano, la causa no estaba ejecutoriada porque la Fiscalía había promovido recursos para anular la sentencia.

 

 

 

El 26 de octubre de 2016, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ordenó que los $279 mil propiedad de Rafael Silva Zambrano pasaran al Estado.