La semana pasada, Saca admitió haber desviado $300 millones de la cuenta de gastos reservados por los pocos controles que ejerce la Corte de Cuentas. / DEM
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador conoció, ayer, el análisis financiero contable que dos peritos expusieron y con el cual la Fiscalía General de la República ratificó la autoincriminación que el pasado jueves hicieran el expresidente Elías Antonio Saca y otros cinco acusados más, a excepción de Pablo Gómez, quien enfrenta un juicio ordinario.
Uno de los peritos, quien dijo laborar desde hace 15 años en la Superintendencia del Sistema Financiero, confirmó la desviación de fondos desde la cuenta corriente subsidiaria del tesoro público de Casa Presidencial hacia 16 cuentas personales a nombre de Élmer Charlaix, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para que finalmente el dinero fuera a parar a terceras personas, entre ellos el expresidente y proveedores inexistentes.
Otra afirmación del experto contable y especialista en lavado de dinero, fue el incremento irracional que seis sociedades de Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, comenzaron a tener a partir del año 2004, ya que antes de asumir la presidencia tenían saldo negativo, pero que cuando culminó su mandato en el año 2009 el incremento fue sustancial.
Según el perito, desde la cuenta subsidiaria de la Presidencia se desviaron $300,347,117.17 hacia 16 cuentas personales, las cuales se abrieron sin ninguna autorización de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda; esta entidad envió un informe diciendo que nunca se recibió solicitud alguna para hacerlo, mientras que Casa Presidencial reportó que tampoco tiene registros sobre la existencia de dichas cuentas y el manejo de fondos en las mismas.
El experto indicó, ayer, que nunca se le dio cumplimiento a la Ley de Administración Financiera del Estado y Ley de la Corte de Cuentas de la República, pues no siguieron los lineamientos para la administración de fondos y es más, no existe documentación que respalde la emisión de cheques a entidades que no aparecen como proveedores del Estado.
Al detallar el incremento patrimonial de las empresas de Saca, el perito resaltó que en el año 2003 la rentabilidad financiera o ROE (por sus iniciales en inglés) experimentaron pérdidas del 28 % equivalente a $12,807 pero en el año 2009 reportaron ganancias del 119.115 %, es decir, que por cada dólar invertido el expresidente ganó $1.19, lo cual no se puede considerar razonable, ya que lo normal para todo empresario es que sus ganancias ronden el 10 %, pero al sobrepasar el 100 % es un rendimiento económico máximo que no se considera razonable.
Ayer, organizaciones sociales pidieron al tribunal no admitir el proceso abreviado.