Taló de 30 a 40 manzanas de bosque para sembrar caña, según una condena del juzgado ambiental./ DEM
La Unidad de Juicios, Cuotas y Multas de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República, pidió ayer al Juzgado Ambiental que ejecute el embargo de una propiedad a nombre José Narciso Ramírez Ventura, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, para que pague la multa a la que fue condenado en mayo del año pasado.
El exfuncionario municipal, según el informe fiscal, no ha pagado la multa que se le impuso por daños ambientales a causa de tala de árboles y cambio de uso de suelo y siembra de caña.
Al Juzgado Ambiental se le solicita que se embargue dicha propiedad que ya tenía anotación preventiva y se cobre la multa por un monto de $92,354.93 más el pago de los costos de gestión institucional que asciende a $3,945.95.
El año pasado cuando se le condenó por costos de restauración del ecosistema y costos de gestión institucional, también fue exonerado al pago de los costos sociales que cuyo monto era de $34,587 y de los costos de extracción de la madera que oscilaba en $51,245.
Un peritaje original realizado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, era por $182,133.52, pero al final la condena que se impuso fue una multa por $96,300.88.
Este proceso deviene de la demanda civil que la Fiscalía presentó contra Ramírez, tras una tala de árboles en una zona conocida como “El Chino”, lugar que desde noviembre de 2008, por decreto legislativo es una zona de reserva natural.
En el expediente, la Fiscalía acreditó que el exalcalde pretendía dar un giro diferente al terreno protegido, ya que como productor de azúcar, taló de 30 a 40 manzanas de bosque para sembrar caña de azúcar, se dejó constancia que una porción del terreno es propiedad del Ramírez Ventura y otra pertenece al Estado.
El Ministerio Público investigó el caso, luego de una denuncia del MARN, ya que en una inspección rutinaria en el sector verificaron que había maquinaria trabajando y al preguntar a los empleados informaron que laboraban para Narciso Ramírez Ventura, imponiendo entonces medidas cautelares.