En el juicio, el testigo de la defensa, David Munguía Payés dijo que la tregua fue una política de Estado. / Marcela Moreno
La Fiscalía General de la República solicitó al juez especializado de Sentencia “A” que condene a la pena máxima por cada uno de los delitos atribuidos a 18 imputados, vinculados a la tregua entre pandillas que se mantuvo entre marzo de 2012 y agosto de 2013.
Para Nelson Rauda Portillo y Anilber Eduviges Rodríguez Villeda, exdirector y exinspector de Centros Penales, el Ministerio Público pidió que se les impongan 18 años de cárcel por tres delitos.
Según la Fiscalía, los dos exfuncionarios deben ser condenados a ocho años por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, las agrupaciones ilícitas deben ser castigadas con seis años de prisión, mientras que por el delito de actos arbitrarios se solicitó cuatro años.
Respecto a los dos principales mediadores de la tregua, la representación fiscal pidió penas diversas: 14 años para Juan Roberto Castillo Díaz, un subinspector de la PNC nombrado por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), quien, según la Fiscalía, debe ser condenado a ocho años por tráfico de objetos prohibidos y seis por agrupaciones ilícitas.
En el caso de Raúl Mijango, quien propuso al gobierno el proceso, la Fiscalía solicitó seis años por tráfico de objetos e igual cantidad por agrupaciones ilícitas.
Para los cinco exdirectores de los penales de Izalco, Juan José Zepeda Mejía y José Adrián Abarca Molina; Félix Antonio Ruiz Sorto, de Ciudad Barrios; Rigoberto Palacios Carrillo, de Cojutepeque y Miguel Ángel Abarca, de Chalatenango, el Ministerio Público solicitó 14 años de cárcel, ocho por incumplimiento de deberes y seis por tráfico de objetos prohibidos.
En cuanto a los nueve miembros del Consejo Criminológico, los fiscales pidieron seis años por falsedad ideológica; los acusados por ese ilícito son: Ronald José Zúniga Vásquez, José Antonio Meza Rodríguez, Carmen Arévalo Mata, Sara Encarnación Hernández Orellana, Nancy Eugenia Escobar de Soriano, Arija Vanessa Torres, Sandra Marilín Campos de Martínez, Clara Maribel Linares de Escobar y Maricruz del Carmen Hernández de Pacheco.
Los tres fiscales del caso, en el cierre de sus alegatos finales expresaron al juez que hay una diversidad de prueba de la que puede echar mano para emitir una sentencia condenatoria por los cinco delitos que habrían cometido los imputados, en el marco de la tregua.
Los representantes del Ministerio Público dijeron que está debidamente probado con declaración de testigos sobre las reuniones que se ejecutaron dentro de los penales, que hubo facilidad por parte de los funcionarios de ese entonces y que ahora son procesados para que se introdujeran ilícitos en los reclusorios y que todo se hizo de forma arbitraria; sumado a eso, los exdirectores de los penales conocían de esas ilegalidades y no lo evitaron, ni denunciaron; de esa forma incurrieron en incumplimiento de deberes.
Pero los abogados defensores manifestaron al juez que la Fiscalía no fue capaz de acreditar los delitos y que son atípicos, ya que, por ejemplo: cuando fue la tregua el delito de introducción de objetos no abarcaba a los funcionarios y empleados penitenciarios, porque fue hasta en el año 2016 que se hizo la reforma.
Además, los defensores dijeron que no hay objetos prohibidos decomisados a los imputados y que se hayan presentado como prueba; en cuanto a las agrupaciones ilícitas expresaron que no se ha determinado, que los imputados se hayan reunido para delinquir y tampoco definido distribución de funciones.
En el delito de falsedad ideológica, la defensa dice que la ley establece que debe probarse el dolo y el Ministerio Público en ningún momento demostró que existiera intenión de insertar información falsa al acta de dictamen pericial que permitió el traslado de cabecillas desde el penal de Zacatecoluca hacia otros reclusorios.
Mijango hospitalizado
Raúl Mijango, principal mediador de la tregua, fue hospitalizado ayer en la máxima urgencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, según lo confirmó el juez a las partes procesales.
El ingreso se dio luego que el Instituto de Medicina Legal recomendara que el imputado tenía que ser evaluado en un centro asistencial. En un primer momento se había establecido que recibiera atención médica ambulatoria. Mijango dijo que padece de insuficiencia renal crónico desde hace 12 años.
En resumen caso tregua entre pandillas
7/08/2017
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador inició la vista pública y durante cuatro días escuchó una serie de testigos que llegaron a declarar en su mayoría con régimen de protección.
11/08/2017
Luego de cinco días, finalizó el juicio, y la petición de la Fiscalía General de la República al juez es que imponga la pena máxima a cada uno de los 18 imputados por cinco delitos.
29/08/2017
El juez especializado de sentencia “A” dará su fallo donde determinará la situación jurídica de los acusados: absolver o condenar.