La iniciativa nace de un acuerdo entre el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Fundación Asylum Access Ecuador, entidades que diariamente ven a muchas víctimas abandonar sus lugares de residencia por las amenazas de las pandillas.
“En el país hay una violencia generalizada y esa es la razón fundamental del desplazamiento forzado” explicó José María Tojeira, director del Idhuca. Agregó que el primer paso es que el país reconozca este problema, pues de esa manera estaría obligado a crear instituciones de apoyo y defensa de los afectados.
Según Tojeira, informes internacionales señalan que en El Salvador, hay un desplazamiento forzado de 200 mil personas, lo cual es una cifra muy elevada, independientemente de que sean o no números exactos, el fenómeno es muy grave, lo cual se evidencia cuando de forma directa e indirecta se conocen historias de personas que abandonaron sus colonias porque fueron amenazadas y obligadas a salir.
Manuel Escalante, abogado e investigador del Idhuca, dijo que el amparo presentado no es de carácter obligatorio para la Sala de lo Constitucional, pero en este caso lleva elementos de soporte técnico, académico y soporte de atención de víctimas desde la realidad.
“Al no existir un reconocimiento estatal lo que se obliga es a un subregistro, hasta hoy son las organizaciones defensoras de derechos humanos las que se han encargado de las víctimas y acompañarles, buscarles soluciones, cuando debería de ser el Estado salvadoreño”, manifestó Escalante.
Recomendaciones
El escrito plantea varias recomendaciones para que la Sala de lo Constitucional exhorte al congreso a legislar sobre el tema: entre los puntos que se mencionan es que en un plazo determinado, dicte leyes adecuadas a fin de configurar un sistema nacional de protección contra el desplazamiento forzado.
También se recomienda crear verdaderas instituciones públicas especializadas, encargadas de coordinar las políticas diseñadas en beneficio de las víctimas de este problema.
Otro de los puntos que se mencionan en el escrito es establecer programas de asistencia integral que incluya servicios de vivienda, salud, educación, generación de empleo y recuperación del patrimonio para las personas desplazadas.
Se menciona también implementar medidas que permitan el retorno seguro a sus lugares de origen para las personas desplazadas por la violencia, y que hayan mecanismos adecuados y suficientes para la sostenibilidad de las instituciones, programas y medidas adoptadas, en materia de presupuesto y finanzas.
Proceso de amparo
El proceso de amparo sobre desplazamiento forzado presentado ayer es un “amicus curiae”, que no es más que un escrito que se elabora desde la sociedad civil con el objetivo de enriquecer el planteamiento de un juez, es decir, darle más elementos a un juzgador para que conozca realmente la problemática. Es un mecanismo de democratización del proceso judicial para que la ciudadanía pueda participar en este tema tan sensible como es el desplazamiento forzado.