Hasta ayer, la defensa de los policías no quiso emitir opinión sobre el proceso. / DEM
Un grupo de policías que, supuestamente, ejecutó a tres pandilleros y un jornalero en Villas de Zaragoza, La Libertad, el 8 de febrero de 2016, habrían recolectado todos los casquillos disparados con sus armas de fuego para que al momento de procesar la escena no se encontrara esa evidencia y plantear el caso como un enfrentamiento en el cual ellos eran las víctimas.
Con esa tesis fiscal, el caso está en instancias de vista pública por homicidio agravado, fraude procesal y encubrimiento y alternativamente por incumplimiento de deberes, delitos que el Ministerio Público atribuye a nueve policías.
Para los fiscales del caso, en las investigaciones se han encontrado elementos que a ellos les permite concluir que los policías incurrieron en la ejecución sumaria. Destacan que en la escena se hallaron solo tres casquillos, pero los cadáveres tenían entre 18 y 20 impactos de bala.
“Pero no solo los impactos de bala de los cadáveres que entre todos tenían entre 18 y 20, son más de los tres que se hallaron en la escena; también están los que tenían las paredes, es un lugar cerrado, cinco por siete metros cuadrados” explicó el fiscal.
Testimonios
Para reforzar esa hipótesis de la ejecución extrajudicial la Fiscalía presentó, ayer, como testigos de descargo a tres agentes policiales y un perito en balística forense.
Al momento del interrogatorio, respondieron desconocer muchas diligencias a las que tuvieron acceso, pero el representante del Ministerio Público nunca les reprochó esa actitud.
El primero en declarar fue un investigador de la unidad de asuntos internos de la policía, quien dijo la forma en que se investigó el caso y que fue hasta con la declaración de tres testigos protegidos, que llegaron a darle la calidad de imputados a sus compañeros.
La segunda en declarar fue una agente que estuvo destacada en la subdelegación de la PNC de Zaragoza, quien llevaba el control del libro de novedades y aseguró que a uno de los policías procesados le entregó el arma el 4 de febrero y que fue devuelta el 9 de ese mismo mes.
Un tercer testigo que forma parte de la unidad de asuntos internos como analista operativo, hizo el análisis del caso y en sus conclusiones destaca que los policías participaron en el hecho, pero que ninguna de las armas de los agentes del extinto GRP fue disparada porque no se hallaron casquillos, ni proyectiles en los cadáveres de las víctimas.
También señaló que en la escena se halló el casquillo de una escopeta, pero que tampoco se puede determinar quién la disparó.
Hoy seguirá el juicio con la declaración de dos testigos claves que tienen régimen de protección.
Testimonios del caso
Un testigo dijo que al principio de las pesquisas no se determinó que los policías habían ejecutado a las víctimas, sino hasta que declararon tres testigos protegidos.
Un perito en balística forense manifestó que no se puede determinar quiénes dispararon las armas de fuego utilizadas.
Un analista operativo explicó que a tres de los fallecidos se les encontraron residuos de plomo en sus manos, es decir, que dispararon armas de fuego.
Una agente policial expresó que en el libro de novedades se registró la salida de un arma de fuego que aparece involucrada en el hecho.