El Juzgado 1o. de Paz de San Salvador, envió ayer a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un oficio en el cual notifica la detención de cuatro militares acusados de asesinar a cinco sacerdotes jesuitas de nacionalidad española, el 16 de noviembre de 1989.
El tribunal ha enviado el informe sobre la captura de Tomás Zarpate Castillo, Ángel Pérez Vásquez, José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Guillermo Alfredo Benavides. Los cuatro fueron puestos a la orden de ese juzgado el pasado sábado, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.
Tras haber recibido la causa, la CSJ va a designar al juzgado que diligenciará el caso, podría ser el mismo donde fueron remitidos luego de la captura, o nombrar otro de los 14 juzgados de paz de San Salvador, que son los que tienen jurisdicción para conocer este tipo de peticiones.
Previamente los magistrados en Corte Plena deberán decidir si avalan o no la extradición; en el caso que accedan a las pretensiones, España dispondrá de 60 días hábiles para enviar la nueva solicitud de extradición; pero ese plazo comienza a contar desde que los magistrados emitan su decisión.
En ese plazo de 60 días, el Reino de España tendrá que hacer llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de extradición y luego Cancillería deberá notificar al Ministerio de Seguridad y Justicia para que remita a la CSJ la documentación. Una vez la solicitud llegue a la sede judicial, es cuando se deberá nombrar a un juez para que se vuelva intermediario entre los acusados y España, la parte que requiere.
Los militares tenían vigente una difusión roja que la Policía Internacional (Interpol) respaldaba y fue emitida por la Secretaría General de esta entidad en Lyon, Francia. Ese documento fue puesto a la orden del Juzgado 1o. de Paz de San Salvador.
El juzgado recibió la documentación donde consta la orden de captura internacional de los cuatro señalados.
Un documento del 4 de enero de 2016, reitera las órdenes de captura por parte de la Audiencia Nacional de España, firmada por el juez Eloy Velasco Núñez, y donde se mencionan además a Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, José Alberto Sierra Ascencio, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares, quienes no fueron localizados por la Policía en el operativo del pasado viernes.
Antecedentes
El 24 de agosto del año 2011, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de los militares acusados de asesinar a los jesuitas y sus colaboradoras, en un resolución de Corte Plena, diez de 12 magistrados votaron a favor de los acusados y dijeron que la Policía Nacional Civil (PNC) no podía capturarlos ya que la difusión roja era solamente una figura administrativa policial de localización.
Ese mismo día, el entonces presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González y Florentín Meléndez, resolvieron rechazando un hábeas corpus de los defensores de los militares quienes solicitaron que los magistrados se pronunciaran para que la Policía, no los capturara.
El encierro que evitó la captura
El 7 de agosto del 2011, nueve acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras decidieron refugiarse en las instalaciones de la Brigada de Seguridad Militar, para que la Policía Nacional Civil no hiciera efectivas difusiones rojas emitidas por la Interpol.
En ese entonces los militares que se mantuvieron por más de dos semanas en esa guarnición fueron: Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zarpate Castillo y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.
ART. 28 DE LA CONSTITUCIÓN recoge la figura de la extradición en El Salvador.
17 Los militares
que fueron señalados del asesinado de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989.
4 Los detenidos
por la Policía Nacional Civil el pasado 5 de febrero tras una difusión roja girada por la Interpol.