La estructura fue desarticulada la semana pasada, en un operativo. / Juan Carlos Villafranco
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de una estructura de 65 imputados, cuya principal actividad delictiva era apropiarse bienes e inmuebles de forma ilegal.
En una operación realizada entre los pasados jueves y viernes fueron capturadas 42 personas entre los que figuran dos abogados y un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en la delegación de Ciudad Delgado.
Otros nueve imputados ya estaban guardando prisión en centros penales, mientras 14 imputados que no fueron detenidos en el operativo son procesados como reos ausentes.
La Fiscalía General de la República los acusa de 45 casos de estafa agravada, cuatro homicidios, lavado de dinero, proposición y conspiración en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, acceso indebido a sistema informático, así como denuncia y acusación calumniosa.
“Básicamente es una estructura que tiene diferentes rubros que se divide entre casos de inmuebles, es decir, se apropiaban de algunos inmuebles que estaban deshabitados en ese momento por personas que probablemente estaban fuera del país o que se los entregaban en condición de arrendamiento”, explicó una de las fiscales del caso.
Según las pesquisas realizadas por el Ministerio Público tras recibir denuncias, los imputados hacían documentación falsa de los inmuebles y luego elaboraban compraventas con la ayuda de los abogados que están detenidos.
Según las indagaciones, esos documentos fraudulentos los hacían por lo general para personas que eran prestamistas y que dejaban constancia de ese préstamo mediante una compraventa y no hacían un mutuo hipotecario, sino que dejaban plasmado que ese inmueble les quedaba a ellos por la cantidad del préstamo.
“Pero la situación se nos da por el hecho que hay un propietario original que reclama ese inmueble y por lo tanto esas personas que habían comprado o habían prestado por ese inmueble se vuelven estafados”.
La fiscalía también acusa por estafa relaciona con vehículos, donde detectaron que miembros de la banda rentaban automotores para volver a alquilar unidades y mientras duraba el período de arrendamiento publicaban en internet que se vendía y las personas interesadas lo adquirían.
Una vez finalizado el plazo del arrendamiento los propietarios del vehículo reclamaban la entrega, y la persona que tenía el automotor decía que lo había comprado, ahí se configuraba la estaba.
En la acusación la Fiscalía General de la República ha incorporado a un testigo criteriado, quien ha dicho que el inspector de la Policía Nacional Civil les proporcionaba información a cambio de diversas cantidades de dinero.