Los imputados deberán presentarse a firmar al juzgado cuarto de instrucción cada semana. / Juan Carlos Vásquez
El Juzgado 4o. de Paz de San Salvador resolvió ayer que Rodil Hernández y Nelson Rauda, exdirectores de centros penales, sigan el proceso penal en libertad, por considerar que no existe ningún peligro de fuga, ni que puedan entorpecer las investigaciones, pese a la pretensión fiscal de guardar prisión.
En su resolución verbal, la jueza Nelly Pozas decretó instrucción con medidas alternas a la detención consistentes en no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada ocho días al Juzgado 4o. de Instrucción de San Salvador, donde se continuará con la siguiente etapa.
La funcionaria judicial fundamentó su decisión tomando en cuenta varios aspectos que dejan entre ver una deficiente investigación de la Unidad Especializada Antipandillas y Homicidios, de la Fiscalía General de la República, que por más de un año estuvo indagando este caso, y mucho más allá de la documentación que el propio Rodil Hernández y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entregaron, solamente han incorporado el testimonio de dos reos, quienes dicen sentirse ofendidos por el supuesto mal manejo de los fondos de las tiendas institucionales.
Manuel Chacón, defensor de Nelson Rauda puso en duda la investigación fiscal con respecto a los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, sobre todo este último ilícito, porque en todo el sistema penitenciario hay más de 38 mil reos, y la Fiscalía ofrece a dos como testigos, quienes a juicio de Chacón, no representan a toda la población interna.
Mucho más grave puede resultar el hecho de que estos reos nunca hayan ingresado dinero en las tiendas institucionales, mientras Rodil Hernández y Nelson Rauda fungieron como directores de Centros Penales; la Fiscalía no incorporó por documentación donde conste que ellos depositaron dinero en las tiendas.
Chacón dijo a la jueza cuarta de paz, que con respecto a los actos arbitrarios se está acusando a Rauda por los mismos hechos atribuidos en el expediente enviado a juicio por el Juzgado Especializado de Instrucción “A” el pasado miércoles, lo cual es calificado como una doble persecución.
Por su parte, Bertha De León, defensora de Rodil Hernández, sostuvo ante la jueza que la Fiscalía en ninguno de los folios del requerimiento fiscal (acusación) señala el monto total administrado fraudulentamente, lo cual fue catalogado como una “semejante falencia”, por parte del Ministerio Público.
Este cuestionamiento de la abogada surgió luego que uno de los fiscales le expuso a la jueza que, por el momento, como Fiscalía General de la República, no tienen una cifra clara del monto administrado fraudulentamente y lo cual era clave para promover la responsabilidad civil; no obstante, le solicitaron a la jueza que se tuviera por iniciada.
Con esos argumentos planteados por la defensa, a la jueza le queda la duda y dijo que “ha advertido algunas situaciones que requieren que se sigan conociendo en la siguiente etapa, por ejemplo, lo del doble juzgamiento planteado por la defensa”.
Hernández y Rauda son acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta en las tiendas penitenciarias.
Análisis de la jueza
Deficiencias de la Fiscalía
Señalamiento más concreto
La jueza dijo que esperaba un señalamiento más concreto de los delitos acusados, de la Fiscalía General de la República.
Una vaga explicación
A criterio de la juzgadora, en cada uno de los delitos la ley exige la participación de los imputados, pero la explicación fiscal ha sido vaga.
Falta de cuantía
A la administradora de justicia le llama la atención que el Ministerio Público no tenga establecido el monto administrado fraudulentamente.