En esta causa, la Fiscalía General de la República acusa a 30 personas y los principales señalados son el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien está asilado en Nicaragua, el exfiscal general Luis Martínez, los empresarios Enrique Rais, Aldo Vinicio Parducci Meléndez y Hugo Blanco Rais.
Por este proceso solo están en prisión el exfiscal general, Mauricio Antonio Yanes, José Lito Morales Gutiérrez, el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza y José Dolores Zelaya Mendoza. Otro grupo de imputados están con medidas alternas a la detención, mientras que varios de los procesados son prófugos.
En el caso de los prófugos todavía tienen la posibilidad de llegar el día de la audiencia preliminar, de lo contrario serán separados del proceso y el juzgado los declarará rebeldes para girarles nueva orden de captura.
A todos, el Ministerio Público los acusa de lavado de dinero, peculado, cohecho activo, negociaciones ilícitas, omisión de la investigación, falsedad ideológica, falsedad documental y privación de libertad.
En el dictamen de acusación (investigación final) que el Ministerio Público presentó el 23 de diciembre de 2019, señala que los ilícitos se consumaron entre los años 2012 al 2015, cuando el expresidente Funes y el empresario Enrique Rais, supuestamente le otorgaron dinero, bienes e inmuebles al exfiscal Luis Martínez para que no los llevara ante los tribunales y archivara investigaciones en su contra.
Según la investigación de la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015, Luis Martínez, supuestamente recibió de Mauricio Funes y de empresarios, seis vehículos y $1.7 millones.
La pretensión fiscal es que los 30 procesados sean enviados a vista pública por los 22 casos relacionados a delitos de corrupción, lavado de dinero y la fe pública. Los fiscales del caso han dicho que dentro de la institución a la que ellos pertenecen se había creado una esa red dirigida por el entonces fiscal general Luis Martínez y otros jefes de unidades que recibían dádivas de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, que tenían en intereses en expedientes que se estaban investigando.