Mijango también debe enfrentar un nuevo juicio por el caso tregua. /DEM
Raúl Mijango, principal mediador de la tregua entre pandillas, fue condenado a 13 años y cuatro meses, como cómplice necesario del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de una empresa de cereales con “Clave 1698”.
La sentencia emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia “B” de San Salvador fue también contra diez cabecillas de la Mara Salvatrucha y barrio 18, quienes recibieron 20 años de prisión por el mismo delito; otros dos fueron absueltos porque las pruebas presentadas por la Fiscalía no los incriminó.
En el caso de Mijango, la principal prueba presentada fue la declaración del testigo criteriado “Toreto 1”, un integrante del barrio 18 que luego de cumplir una condena en el penal de Izalco, Sonsonate, participó en la extorsión que hicieron a la empresa y que decidió declarar contra Mijango y demás cabecillas, a cambio de un beneficio procesal.
A “Toreto 1”, la jueza especializada le dio toda la credibilidad ya que en su testimonio expresó que estuvo presente en las reuniones que Mijango tuvo en una casa cerca del hotel Novo y en un restaurante que era propiedad de Paolo Lüers, amigo de Mijango, y quien durante la vista pública estuvo acompañándolo.
El criteriado mencionó que en dichas reuniones, Mijango les propuso que cambiaran la modalidad de la extorsión, y que en lugar de cobrarle a cada uno de los camiones de la empresa que llegaban a las colonias a distribuir cereales, mejor le exigieran $6 mil mensuales pero en mercadería, y que, al tener el producto, se vendiera en negocios vinculados a las pandillas y de esa forma legalizar el dinero.
Esa acción fue calificada como necesaria por la jueza, quien expresó que Mijango siempre tuvo conocimiento del hecho que se estaba cometiendo y aunque en su defensa manifestó que lo hizo para ayudar a la víctima, no se puede justificar ya que el ilícito se continuó cometiendo.
En cuanto a los cabecillas, además de la declaración del criteriado, la jueza valoró las escuchas telefónicas que el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador autorizó y que fueron totalmente contundentes, ya que se oye cuando los pandilleros hablaban sobre la negociación y la forma en la que iban a administrar el dinero.
La extorsión fue cometida en tres modalidades, según quedó establecido en el juicio, durante el año 2010 y finales de 2017; primero era un cobro descontrolado de hasta $15 mil mensuales, luego el pago de $6 mil en cereales, y la última modalidad fue el pago de esa cantidad pero mediante cheques emitidos a nombre de cabecillas de las pandillas.
Los medios probatorios que se presentaron son insuficientes y ese es el alegato que vamos a hacer en segunda instancia, porque vamos a presentar un recurso de apelación”
Mauricio Ramírez
Defensor