El decreto 811 que contiene reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 25 de octubre del 2017, y publicado en noviembre del mismo año en el Diario Oficial, ata a los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y a los equipos técnicos criminológicos de las penitenciarías para no beneficiar a reos condenados por delitos graves contemplados en leyes especiales y hechos de corrupción.
En el caso de Saca y seis de sus colaboradores, han recibido condena por lavado de dinero, delito que se consigna en el artículo 4 de la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos.
También recibieron penas por peculado (apropiarse de bienes del Estado) este ilícito tampoco permite otorgar beneficios a los reos ya que el artículo 39-F, literal D, reformado de la Ley Penitenciaria, dice que se debe excluir a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y delitos conexos.
Con respecto a una reducción de pena y el sentir de mucha gente que Saca y demás imputados van a salir antes y no van a cumplir la totalidad de la pena, el fiscal general Douglas Meléndez, dijo que en este caso no debería ocurrir.
“Hay personas que dicen: ‘Ya va a salir, tiene una pena de 10 años y ya va a salir en libertad’, no es así, tiene que someterse al régimen penitenciario y cumplir esa pena, no creería que esta persona le vayan a dar el beneficio. Los hechos son graves, los que ha cometido, no podemos estar adelantando”, sostuvo ayer, el fiscal general en una entrevista de televisión.
Meléndez se refirió a que los imputados ya tienen una condena por adelantada, es decir, los casi dos años que llevan de estar en prisión y lo cual les suma en la pena que deben purgar en su totalidad en un centro penal. Los siete condenados están guardando detención desde noviembre de 2016 en el sector nueve de Mariona.
Ayer, el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima dijo que hay diferentes delitos en los cuales los beneficios se otorgan y en otros hay restricciones, pero que todos los condenados tienen derecho a la rehabilitación y reinserción social.
En este caso, el exsecretario de la Juventud, César Funes, condenado a cinco años por confesar que lavó más de un millón de dólares, está participando en el programa “Yo Cambio”, como parte de su rehabilitación.
