Saca dijo que el dinero de los sobresueldos primero salía de dos cuentas a su nombre, y después de cuentas de Charlaix. / Archivo DEM


Los ministros y viceministros que conformaban el gabinete de gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, así como el denominado gabinete ampliado, conformado por directores de instituciones autónomas, recibieron mensualmente entre $5 mil y $10 mil en concepto de sobresueldo.

“Cuando asumí, le ordené al señor Élmer Roberto Charlaix que mensualmente, como se ha hecho en todos los gobiernos, se les cancelaran pagos compensatorios por medio de la Secretaría Privada de la Presidencia”, confesó ayer el exmandatario al tribunal de sentencia.

Según Saca, todas estas personas tenían su pago ya sea por Ley de Salario o contrato y, consciente que esos emolumentos estaban al margen de la ley, él ordenó que se entregaran.

Para cancelar los sobresueldos Élmer Charlaix se aseguraba que esos fondos estuvieran mensualmente disponibles, por lo que se garantizaba que se sustrajeran de la Cuenta de Gastos Reservados.

Al tener ese dinero disponible, la Secretaría Privada de la Presidencia coordinaba con todos los funcionarios del gabinete para que pasaran a retirar personalmente y en efectivo el pago mensual de sobresueldo que les correspondía.

El expresidente Saca, en su confesión, no mencionó nombres de los funcionarios que recibieron durante su gestión los sobresueldos, un beneficio del cual también él, junto a Elmer Charlaix, se sirvieron puesto que también se recetaron los $10 mil.

Para el exgobernante, la decisión de entregar los sobresueldos fue tomada por él ya que era una práctica que en gobiernos anteriores se había hecho, por lo que desde su punto de vista no era ilegal.

Al asumir la Presidencia, Saca dijo que al ver que se manejaba una gran cantidad de dinero en efectivo para actividades ya definidas, decidió que era factible asumir otros compromisos.

“Se pagaban los compromisos mensuales de la presidencia, pero aun así podían utilizarse para una finalidad que personalmente había previsto como parte de una política de gobierno representaría un beneficio para las personas naturales y jurídicas de diferente índole en la presidencia de la república, ya que ayudaría a mantener la gobernabilidad del país y la imagen de la presidencia” y fue así como se hicieron erogaciones en bienes y servicios de la presidencia.