El 1 de noviembre del 2016, la Fiscalía allanó las viviendas y empresas del expresidente Elías Antonio Saca. / DEM
Al otorgar el procedimiento abreviado al expresidente Elías Antonio Saca, a Élmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, la Fiscalía los condicionó a devolver al Estado, entre $25 a $30 millones, confirmó ayer el fiscal Jorge Cortez, jefe de la Unidad Especial de Lavado de Dinero y Activos.
Al ser cuestionado sobre el monto que en dictamen de acusación plantearon que sobrepasa los $300 millones, respondió que el resto de dinero no saben dónde está.
“El expresidente de la República va a devolver bienes que fueron convertidos en su momento o que fueron adquiridos con fondos públicos, si bien es cierto no tenemos un valúo real contemplado, hasta en este momento rondarán los $25 a $30 millones”, explicó Cortez.
El fiscal sostuvo que ese monto fue invertido en ranchos de playa, haciendas, carros blindados y otros inmuebles. “Lo que se ha dicho que él (Saca) peculó $300 millones y de ésos, $195 millones salieron en efectivo; y de esos $172 millones fueron sacados por el señor Pablo Gómez y esa cantidad en efectivo es de difícil rastreo, ubicación y detección” agregó Cortez.
El 7 de diciembre de 2017, al presentar el dictamen de acusación, el Ministerio Público dijo que Saca, para desviar los más de $300 millones, contó con la ayuda clave de seis de sus cercanos colaboradores para que desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia esos fondos fueran a parar a 16 cuentas a nombre de Élmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para después ser transferidos a empresas del Grupo Samix.
De la Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia salieron esos $300 millones, pero $195 millones fueron cobrados en efectivo, configurándose de esa forma peculado (apropiarse de bienes del Estado) que es el delito precedente del lavado de dinero.
Estas actividades ilícitas se ejecutaron durante el mandato presidencial de Saca, entre los años 2004-2009 y fue judicializado en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, el 31 de octubre del 2016; desde que inició el proceso, los siete imputados han permanecido en detención provisional en el penal de Mariona.