La directora del ISSS, Mónica Ayala, y el ministro de Salud, Francisco Alabí, deben rendir una explicacióndel hecho a la Sala de lo Constitucional. Archivo DEM
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este jueves una demanda de amparo a favor de un ciudadano que denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La demanda señala al ministro de Salud, Francisco Alabí, y a la directora general del ISSS, Mónica Ayala Guerrero, por presuntamente no proporcionar el tratamiento adecuado para la insuficiencia renal crónica que padece el demandante.
El demandante expuso que la pasividad del ISSS ha entorpecido la realización de exámenes para determinar la compatibilidad con un donante de riñón.
También que la institución no le ha brindado los medicamentos y los procedimientos médicos adecuados para controlar su enfermedad.
Señaló además que su condición de salud ha agravado debido a las medidas por la pandemia de covid-19, en el que el ISSS ha relegado la prioridad del tratamiento a pacientes renales y procesos de trasplante de órganos.
La Sala de lo Constitucional ordenó al ministro de Salud y a la directora del ISSS proporcionar al paciente el tratamiento y los medicamentos para tratar la enfermedad.
La pandemia por Covid-19 no puede convertirse en un límite para que el interesado tenga acceso a los servicios de salud que son necesarios para tratar su padecimiento puesto que por su enfermedad es un paciente de alto riesgo”. señaló la Sala en su resolución.
Tanto el ministro como la directora del ISSS deberán confirmar o desmentir las omisiones señaladas por el demandante, y también, informar sobre el cumplimiento de la orden.