La procesada guarda arresto en la granja de mujeres de Izalco y no se cumplen medidas de prevención. / DEM
Sara Ramos Payés, tiene nueve meses de embarazo y es procesada por el delito de tenencia y posesión, a través de su abogado acudió al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador a solicitar una audiencia de revisión de medidas, en reiteradas ocasiones, pero no le recibieron el escrito.
Acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que resolvió a su favor y ordenó que se examine la posibilidad de otorgarle una medida diferente a la detención, que cumple en la granja penitenciara de Izalco, Sonsonate.
El defensor de Payés, Kurt Jainor Arévalo, expuso ante el máximo tribunal de justicia que Ramos Payés tenía señalada la vista pública para el pasado 17 de abril, pero que se suspendió a raíz de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19.
Ante esa situación, en varias ocasiones acudió al Tribunal Tercero de Sentencia para solicitar la audiencia de revisión de medidas, pero fue imposible presentar la petición, porque dicho tribunal no está recibiendo ningún tipo de escrito, lo cual le ha generado una vulneración a los derechos constitucionales de su defendida.
El abogado se quejó que el lugar donde la imputada guarda prisión podría poner en riesgo su vida y la del niño que está por nacer, ya que no se están aplicando las medidas de prevención,.
Al decretar el auto de exhibición personal a favor de Ramos Payés, la Sala dice que en los cuestionamientos expuestos por la procesada plantean una posible vulneración al derecho de defensa, presunción de inocencia y libertad física.
Los magistrados han nombrado al juez Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, José Rodolfo Meléndez, como juez ejecutor para que notifique a los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador para que se pronuncien sobre las vulneraciones constitucionales que se les atribuye.
En su resolución la Sala de lo Constitucional dice que “existe la posibilidad que por el transcurso del tiempo durante la tramitación de este proceso constitucional, los derechos de la señora Ramos Payés y del nasciturus (persona por nacer) podrán verse afectados irremediablemente, por los que a fin de garantizar los efectos materiales de la decisión definitiva que se emita, se justifica la implementación temporal e inmediata de una medida cautelar que permita asegurar razonablemente sus derechos”.
Para garantizar los derechos de la procesada los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador deberán recibir la solicitud de revisión de medidas y evaluarla con urgencia, tomando en cuenta la perspectiva de género, el estado actual de gestación, la naturaleza del delito que se le atribuye a Ramos Payés, las condiciones del centro penal donde está presa y el nivel de hacinamiento y los riesgos que existen a raíz del COVID-19 para los privados de libertad, especialmente los grupos más vulnerables como las mujeres embarazadas.
Los plazos judiciales están suspendidos desde el 14 de marzo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.
17/04/2020
La mujer tenía prevista la vista pública para esta fecha, pero la diligencia se suspendió por la emergencia sanitaria decretada por COVID-19, el defensor ha llegado varias veces para presentar escrito para audiencia de revisión de medidas y el Tribunal Tercero de Sentencia no se lo ha querido recibir.
