Uno de los acusados que recobrará su libertad es el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas; Jorge Alberto Herrera Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, Ana Elizabeth Coto, exsecretaria de Francisco Cáceres, quien fue el secretario privado de Funes; Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de Contabilidad de la Presidencia; Luis Miguel Ángel García, padre del exmiembro prófugo del Estado Mayor, Luis Miguel García García y Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, representante legal de la empresa Agrosuministros.
A los seis acusado que enfrentan el proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento, el juez Miguel Ángel García Argüello, resolvió que deben salir de prisión porque cumplieron dos años en prisión sin que se haya resuelto su situación jurídica.
Los imputados deberán presentarse a firmar cada 15 días al Jugado Séptimo de Instrucción, no salir del país y no cambiar de domicilio, además el juez les dejó claro que deben nombrar a una persona que se haga responsable de ellos y que garantice su comparecencia en el proceso, en el caso que ellos se fuguen, la persona que asumió la responsabilidad incurrirá en delito penal.
En la diligencia, la Fiscalía propuso que se les instalara brazalete electrónico o que se les decretara un arresto domiciliar, pero ninguna de las dos opciones fue viable debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.
El juzgado también cesó la detención por vencimiento de dos años en prisión para Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, pero por tener otros casos no podrán salir de la cárcel.
En el caso de “Mecafé” tiene el proceso penal de El Chaparral en el JuzgadoNoveno de Instrucción, mientras que Rodríguez Arteaga y Gómez, cumplen condena impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia en el caso conocido como “Destape a la Corrupción”.
En el proceso “Saqueo Público” la Fiscalía General de la República dice que Mauricio Funes junto a otros 31 imputados sustrajeron de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público $351 millones, monto que por el momento no se sabe si incrementará o disminuirá ya que todavía no ha terminado toda la etapa de investigación.