Ayer, el juez leyóla resolución de la audiencia inicial, los sindicalistas volvieron a cerrar el bulevar Tutunichapa. / DEM
Los ocho dirigentes de tres sindicatos del Órgano Judicial seguirán su proceso penal en libertad y será hasta en la audiencia preliminar que realizará el Juzgado Quinto de Instrucción en la que se determinará un sobreseimiento o juicio.
En la resolución que emitió el Juzgado Quinto de Paz, a todos se les impuso como única medida no cambiar de domicilio, pero en el caso de Roswal Gregorio Solórzano Hernández, el juez también le ha prohibido salir del país.
Los otros sindicalistas procesados por desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho son: Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar.
Cuando el Ministerio Público presentó la acusación, solicitó al juzgado que se les decretara medidas sustitutivas a la detención para mantenerlos atados al proceso, ya que entre el 19 de marzo y 30 de junio de 2020, realizaron tres cierres y tomas de instalaciones judiciales, que terminaron afectando el trabajo de jueces en el Centro Judicial Isidro Menéndez y otras instalaciones judiciales.
Según la Fiscalía, con las acciones de los sindicalistas varias audiencias y diligencias fueron suspendidas, ya que no se le permitió el ingresos a jueces, fiscales y empleados, tampoco se permitió el acceso a usuarios.
En la audiencia inicial los imputados argumentaron que las medidas fueron legítimas, ya que protestaron por las medidas adoptadas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes pusieron en riesgo la salud de los empleados por la falta de medidas sanitarias para prevenir el covid-19.