Fiscales, al momento de presentar ayer el dictamen de acusación. /DEM


La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer al expresidente Elías Antonio Saca ,y seis de sus más cercanos colaboradores, de lavar $300 millones.

El 31 de octubre del año 2016, cuando el caso fue judicializado, el Ministerio Público les atribuyó un blanqueo de $246 millones, pero ayer uno de los fiscales de la UIF dijo que con el peritaje financiero contable se ha determinado que los imputados supuestamente lavaron $56 millones más.

Ese peritaje es clave y se convierte en la columna vertebral del caso, cuya pretensión fiscal es que sean enviados a juicio y que en una vista pública se determine la situación jurídica de los procesados.

La Fiscalía General de la República ha presentado al juez Cuarto de Instrucción de San Salvador 100 testigos, entre ellos hay varios “criteriados”, a quienes en la fase de instrucción se les ofreció ese beneficio procesal a cambio de declarar en contra del expresidente Saca y demás imputados. A esos testigos se les ha otorgado una clave para garantizar que su identidad no sea revelada. Con su testimonio, según la UIF, se está incriminado directamente al exmandatario procesado por el delito de peculado y lavado de dinero.

Fueron 13 cajas, con abundante prueba, las presentadas. /DEM


El auxiliar fiscal, que brindó la información, dijo que en la etapa de instrucción recopilaron estados financieros, documentación del Ministerio de Hacienda y otras instituciones, con lo cual fortalecen la acusación.

El Ministerio Público menciona que Saca, para lograr desviar los $300 millones, encontró en seis de sus allegados los aliados perfectos para desviar esos fondos desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a sus empresas.

De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $300 millones. De ese monto, la UIF descubrió que $116 millones fueron cobrados en efectivo, configurándose de esa forma peculado (apropiarse de bienes del Estado), que es un delito generador del lavado de dinero.

Además de Saca, la Fiscalía acusó ayer a Elmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera de Capres; Pablo Gómez, excontador del secretario privado de Capres; César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank , exsecretario de Comunicaciones de Capres; y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero Institucional de Casa Presidencial, todos señalados de peculado, lavado de dinero y activos y casos especiales de lavado.

Procedimiento a seguir

A partir de

la presentación del dictamen de acusación, el juzgado tiene tres días hábiles para resolver.

Luego de resolver

dispone de 24 horas para notificar a la defensa y que comiencen a correr cinco días hábiles para que contesten y ofrezcan sus pruebas.

Una vez la defensa

haya contestado el juzgado tiene un plazo no menor de diez días hábiles y no mayor de 15 días para realizar la audiencia preliminar.

En fechas

31/10/2016

Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía judicializó el caso contra el expresidente Saca y otros seis en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

30/11/2017

Finalizó plazo que Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador otorgó a la Fiscalía, luego de una prórroga de seis meses que autorizó en mayo de 2017.

07/12/2017

La Fiscalía presentó el dictamen de acusación contra Saca y los otros seis procesados por tres delitos y ha pedido que sean enviados a vista pública.

 
7
Acusados
En la primera fase del caso “destape a la corrupción”, el principal señalado por la Fiscalía es el expresidente Elías Antonio Saca.