Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (izq), Raúl Mijango, facilitador de la tregua (centro) y Roberto Castillo, subinspector de la Policía Nacional, durante el tercer día de audiencia. / Wilson Urbina


El testigo criteriado Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “El Nalo de Las Palmas” informó a la Fiscalía que con Raúl Mijango llegaron a planificar actividades ilícitas que les llevó a obtener beneficios económicos para comprar armas, entre ellos fusiles y comenzar adiestrar a pandilleros en el uso y manejo con el fin de hacer frente a la fuerza policial.

El fiscal de caso confirmó durante la audiencia, ayer, que esos centros de adiestramientos se realizaban en las faldas del volcán de San Vicente, jurisdicción de Zacatecoluca, departamento de La Paz y que el encargado de entrenarlos fue un exmilitar que posteriormente ingreso a la pandilla.

“El exmilitar brindaba adiestramiento en arme, desarme, limpieza de armas de fuego o armas de guerra, así como técnicas de combate, técnicas de retirada en enfrentamiento, técnicas para poder evacuar heridos de enfrentamientos militares”, dijo el fiscal del caso.

Los entrenamientos eran impartidos por grupos y permanecían en campamento por un lapso de tres días, cada uno de los pandilleros que asistía a esos adiestramientos tenía obligación de replicar los conocimientos obtenidos en cada una de sus clicas.

 

Los beneficios

La tregua sirvió para que las pandillas, se reorganizaran y fortalecieran, elaboraran nuevas estrategias y modalidades para delinquir, que los cabecillas retomaran el control que habían perdido por estar en un régimen especial de encierro del penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, mejor conocido como “Zacatraz”, adquirir armamento para enfrentar a las autoridades y recibir adiestramiento, todos esos fueron los beneficios que el gobierno permitió a estos grupos delincuenciales entre marzo de 2012 y agosto de 2013, según lo revelado por dos testigos criteriados y un peritaje de la División Antipandillas presentados como prueba por la Fiscalía General de la República en el tercer día de audiencia preliminar.

Burgos Nuila, alias, “Nalo de Las Palmas”, cabecilla de la pandilla 18 revolucionaria, estando en libertad en el tiempo de la tregua fue uno de los principales jefes de esa estructura que participó en la negociación de privilegios para las pandillas y tuvo una relación muy personal con Raúl Mijango y el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, incluso le habían extendido un carnet acreditándolo como mediador para que la Policía no lo detuviera, pero cayó en prisión cuando a finales de julio de 2015 fue el principal promotor de un paro al transporte público. En el proceso, la Fiscalía lo criterió y ahora goza de régimen de protección de medidas.

El criteriado ha dicho a la Fiscalía que la tregua fue un proceso que a ellos les sirvió para reorganizarse y fortalecerse, siendo el designado por César Daniel Renderos, alias, “El Muerto de Las Palmas” para negociar con los mediadores; tuvo la oportunidad de ingresar al penal de Izalco y Mariona, en este último reclusorio llegaban algunos cabecillas de la 18 y MS que habían salido de “Zacatraz” para tratar asuntos de la tregua, pero el fin de esas reuniones era organizarse y planificar actividades ilícitas que debían ejecutarse ya que “El Muerto de Las Palmas” les había expresado que la tregua iba finalizar y que para ese momento la pandilla debía estar preparada.

Para la pandilla 18 uno de los privilegios negociados con Mijango y Castillo Díaz fue un telefóno por cada arma entregada, pero que era el subinspector Castillo Díaz, quien se encargaba de introducirlos a los penales. El plan era de que con los teléfonos se facilitaría la comunicación entre los pandilleros presos y los que estaban en libertad, y retomar el control de la pandilla.

 

3 días

Lleva la audiencia del caso tregua. El lunes continuará la Fiscalía General.



20 defensores

Al menos 20 abogados componen la defensa de los imputados en el caso tregua.

 

Exmilitares y exguerrilleros

Eran los encargados de adiestrar a los pandilleros, según un requerimiento fiscal contra los pandilleros que atacaron la delegación de Quezaltepeque.