La Universidad Centroamericana (UCA) exhortó a la Sala de lo Constitucional a declarar nula la resolución de la Sala de lo Penal, que archivó el caso jesuita en contra de militares del alto mando acusados de ser los autores intelectuales de la masacre de noviembre de 1989.

La UCA califica de inconstitucional la resolución de la Sala de lo Penal y que además, la misma apoya y ratifica el sobreseimiento definitivo que el Tribunal Tercero de Paz ordenó en el año 2,000, en favor de los militares, debido que ya habían pasado más de diez años desde que se cometió el crimen.

A su parecer, la resolución de la Sala de lo Penal deja en impunidad a los autores intelectuales del asesinato.
Además, ignora absolutamente la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad ni en los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Precisamente, las resoluciones del Juzgado y de la Cámara daban cumplimiento jurídico a dicha sentencia de inconstitucionalidad. Ignorarla o desobedecerla directamente puede constituir delito de prevaricato”. UCA.

Los abogados de los acusados argumentan que la masacre de los jesuitas no se trata de un crimen de lesa humanidad, aun cuando España sí lo cataloga así; por ello, que el pasado 11 de septiembre, el excoronel Orlando Inocente Montano fue condenado a 133 años de prisión por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española por el asesinato de los cinco jesuitas españoles.

La universidad afirma también: “La resolución de la Sala de lo Penal no tiene en cuenta con seriedad la calificación de crimen de lesa humanidad que el pleno de la Corte Suprema de Justicia dio en su momento a la masacre; tampoco la calificación de crimen de guerra dada por la Cámara de lo Penal.”

Presentarán escritos

En la postura publicada por la universidad Centroamericana, anuncian que tomarán medidas legales.

“La Compañía de Jesús y la UCA tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad”.

Además, consideran la sentencia como una ofensa grave al Estado de derecho y que pone en peligro los esfuerzos realizados en favor de una ley de justicia transicional que honre a las víctimas del conflicto armado.