Un empresario y dos abogados son los otros imputados que la Fiscalía General de la República vincula al supuesto lavado de dinero que en la administración del expresidente Elías Antonio Saca habrían sustraído de la denominada Cuenta Subsidiaria Especial del Tesoro Público de Casa Presidencial (Capres).

En el requerimiento presentado por Grupo Contra la Impunidad (GCI) de la Fiscalía, se ha solicitado al Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, que el empresario Enrique Guatemala, de 51 años; el abogado Carlos Agustín Gamero Quintana, de 51; y el abogado y notario Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, de 47, queden detenidos provisionalmente.

Los tres imputados fueron acusados el pasado 5 de noviembre, como reos ausentes, no así, el excomunicador Jorge Hernández y su contador Esteban Cañas Calderón, quienes fueron remitidos al juzgado para que se les notificara del delito atribuido e informarles que hoy a las 9:30 a.m., se realizará la audiencia inicial en la cual se determinará si continúan en prisión o son procesados con medidas.

Tóchez Maravilla es sobrino del expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez , quien hizo el protocolo de compraventa de una de las propiedades del expresidente Antonio Saca, a través de Promotora de Comunicaciones, según el periódico digital El Faro.

Por otro lado, Gamero Quintana es fundador de Mercadeo y Publicidad Internacional (Merpinsa) y, según el mismo periódico digital, dicha empresa compró inmuebles ligados al expresidente Mauricio Funes.

Los tres imputados pueden llegar a la audiencia sin ser detenidos ya que la orden de captura quedó sin efecto desde que la Fiscalía presentó la acusación formal, pero al finalizar la audiencia inicial, el juez puede ordenar que sean enviados a prisión.

En esta tercera fase del caso “Destape a la corrupción”, el Ministerio Público los señala de haber blanqueado $8.1 millones que, supuestamente, salió de Capres y fue desviado hacia dos sociedades, propiedad de Hernández, las cuales habrían sido creadas para lavar ese dinero, según lo ha señalado la representación fiscal en su acusación.