La Mesa Nacional de Transporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte (ANET) informó que en el último mes al menos 22 rutas se han ido a paro de labores por causa de extorsiones de grupos delincuenciales.




En el último mes hemos tenido alrededor de 22 rutas paradas, ayer todavía teníamos una ruta parada: la 48 en la zona de San Jacinto, por este tipo de amenazas; lamentablemente esto permanece, las amenazas, las extorsiones, es un tema complicado que todavía persiste”. René Velasco, presidente de la Mesa Nacional de Transporte (ANET).



Algunas de estas rutas son la 13 en Ilopango, la ruta 22, la ruta 111, la 202 de Ahuachapán, la 151, la 90 de San Miguel, la ruta 11 de San Miguel y la 279 de Sonsonate.


Diario El Mundo también confirmó en su momento el cese de trabajo de la unidad 151 en San José Villanueva a inicios del mes de julio luego el asesinato de uno de sus motoristas, la ruta 109 de Quezaltepeque y la 100 de Ciudad Arce.


Y la última ruta en levantar el paro por causa de la extorsión fue la 48, proveniente de la zona de San Jacinto, dijo Velasco.


En anteriores ocasiones la Mesa ha expuesto que los extorsionistas no se identifican con una estructura delictiva en específico al momento de solicitar dinero.


Sin embargo, el miembro de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que quienes deciden guardar las unidades no son los empresarios sino los motoristas debido al “pánico” de la situación, esto hasta aclarar “los problemas”.


A pesar de las extorsiones, de las que no se conoce el monto, Regalado aseguró que en agosto ningún empleado del transporte público ha sido asesinado.


Velasco indicó que el Viceministerio de Transporte ha estado trabajando coordinadamente con el sector transporte con las rutas que han estado siendo amenazadas. Sin embargo, solicitaron un fortalecimiento en el área de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir la extorsión.



Reformas a ley de transporte


Durante el mismo evento, la Mesa también se pronunció sobre su voluntad de contribuir con las reformas que se discuten en la Asamblea Legislativa sobre la Ley Nacional de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, asegurando que de aprobarse tal como está elaborada la iniciativa actualmente sería “letal” para el sector.


Los transportistas no aprueban la reducción de vida de los buses a cinco años, pues afectará económicamente a los empleados directos e indirectos, lo cual se sumaría a las pérdidas en el sector, que según Velasco, asciende a $450 millones por causa de la pandemia.


Además, señalan que actualmente el régimen sancionatorio está en las manos de un juez quien puede resolver o aclarar lo sucedido, sin embargo, según la Mesa en el primer artículo de las reformas se señala que será el director general de transporte el que va a sancionar directamente, donde no hay intervención de un juez.




“Creemos que es necesario que el sector transporte colectivo de pasajeros pueda dar su punto de vista, para que pueda servir que una reforma sea más sostenible en el tiempo y esa es nuestra petición”. René Velasco, presidente de la Mesa Nacional de Transporte (ANET).