Poco a poco, envueltos en angustias pandémicas y políticas, prácticamente estamos a las puertas de un nuevo año que, en el caso específico de nuestro país, se advierte, sin necesidad de una bola mágica de cristal, que será un tiempo de retos y decisiones, de cuyos efectos podrían derivarse condiciones vitales para el futuro próximo de esta patria amada y que llegarán, precisamente, cuando arribemos a dos centurias de haberse firmado en la capital guatemalteca la histórica Acta de Independencia, que puso fin al dominio español de tres siglos en el Istmo centroamericano, en una larga lucha libertaria de diez años, misma que diera inicio en la ciudad de San Salvador, el cinco de noviembre de 1811.

Diversas causas sociales y económicas, con su infaltable ingrediente partidario, dibujan un escenario que ha comenzado a mostrarse con fuerza en el ambiente nacional. Desde una óptica democrática, esas causas bien analizadas, con criterios saludables y patrióticos, podrían ser de suma utilidad para que los salvadoreños adquieran un sentimiento de responsabilidad trascendental, incluso, para el quinquenio venidero, sin los sobresaltos que nos dejaran administraciones pasadas, unidas a las crisis institucionales con las cuales hemos tenido que lidiar y criticar de la actual conducción de la república que, incluso, ha sido objeto de análisis severos en diversas entidades propias e internacionales, por cuya razón deberían ser pautas de atención para que el gobierno, sin sobrestimarse ni hacer alardes de excesivo perfeccionismo, haga un alto en el camino y corrija el rumbo opaco que esas entidades le han hecho notar en sendos mensajes y advertencias, la última de las cuales ha provenido de nuestro mejor aliado y amigo, los Estados Unidos de América, a raíz del impago de la contrapartida de 50 millones de dólares para continuar obras benéficas, que ayudarían al progreso en general y, de cuyo destino final, nadie nos ha dado a los ciudadanos una explicación confiable y creíble, manteniéndonos a todos como espectadores de un largo juego de “tira y agarra la pelota”, sin que nadie le ponga término a esa especie de burla, con soluciones eficaces y aceptación clara de responsabilidades.

Luego, hemos asistido a la configuración actual del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyos tres principales dirigentes, o Comisionados, varios “tanques de pensamiento” de mucha seriedad y prestigio, los han señalado como afines incondicionales al actual gobierno del señor Bukele, condición partidaria e ideológica, que los vuelve vulnerables para crear, alrededor de sus funciones, un halo de legítima desconfianza en sus actuaciones, mismas que el personal del IAIP se ha encargado, bajo la sombra del anonimato, a denunciarlas como parciales o ilógicamente considerarlas como reservadas, según informaciones publicadas en varios medios periodísticos. Y hablando de estos importantes medios, no solo informativos, sino también orientadores imparciales de la opinión pública, no han escapado a la toma de decisiones perjudiciales para su libre quehacer, garantizado, incluso, por la misma Constitución de la República.

Muchos ataques verbales, o por redes sociales, han emanado tanto del mandatario, como de otros funcionarios, contra la prensa nacional y la libre expresión ciudadana, hasta adoptar bloqueos en anuncios o carteles oficiales, en un vano intento de ahogar la libertad de prensa, que sólo y únicamente demuestran gobiernos tiránicos o dictatoriales, como ya lo experimentamos periodistas como el autor, durante su largo y honroso paso por la prensa salvadoreña y siempre salimos avantes, a pesar de esas adversidades pasajeras, que nunca doblegaron a uno de los baluartes más sólidos de la democracia. El rosario de toma de decisiones equivocadas, erróneas o contrarias a la ley, etc. del actual modo de gobernarnos, el cual no cumple ni dos años de vigencia, puede tener este 2021 un despertar en la conformación del gabinete con gente experta, capacitada, con experiencia y modo lúcido de pensar y, de manera especial, que ciñan sus actuaciones a un código moral, de transparencia y honestidad, rechazando enérgicamente cualesquier propuestas de corrupción, que es el verdadero talón de Aquiles de esta administración.

Un gobierno que se precie bien nacido de la voluntad popular, manifestada en las urnas, no puede ni debe administrar la cosa pública con dedicatoria favorable a grupos partidarios, mucho menos, apoyarlos con propaganda pagada o subvencionada con fondos del erario nacional, hasta el grado de la desfachatez de anunciar que la primera letra inicial de sus siglas corresponde al nombre del mandatario quien, constitucionalmente, está inhibido como tal de realizar ningún tipo de propaganda electoral. Pero, tal como ha venido sucediendo, las reiteradas negativas a órdenes legislativas, judiciales, del ente contralor de las finanzas del país (CCR), etc. han sembrado de duros cardos y amargas ortigas el camino de la paz interna y este es mi llamado: luego, luego, estaremos ya en el 2021 que será un año de retos y decisiones-La primera es buscar, desde ahora, la paz y armonía de todos los salvadoreños. Oremos a Dios porque así sea.