El poder es la parte más oscura de la política. Toda crisis política es a consecuencia de la pugna del poder. Los escándalos públicos de negocios celebrados por el actual Gobierno, a consecuencia del Coronavirus, por no querer rendir examen y rendición de cuentas del manejo de los fondos públicos y que en algún momento se mantuvieron de forma oculta, pero que en la actualidad se han hecho públicos por el periodismo investigativo salen a luz pública, con sus propias características de corrupción pública, malversación de fondos, contrataciones irregulares, comisiones ilegales y tráfico de influencias. Dichos negocios se han manejado en su origen y desarrollo en forma secreta, en la opacidad del poder, de los inagotables entresijos de las altas instancias del Gobierno, incluso pretendiendo ampararse bajo la “razón de Estado”.

El actual Gobierno también se caracteriza, por la existencia de un “subgobierno” que es un espacio político al interior del Estado, ocupado por familiares cercanos al presidente Bukele, quienes toman decisiones políticas en representación del Órgano Ejecutivo sin tener facultades constitucionales para ello, lo significativo del caso es que éstas personas carecen de nombramiento legal en las estructuras del Estado; sin embargo, si participan en las actividades del Estado, incluso toman decisiones.

El “subgobierno” pertenece a la esfera del poder, que no se ve, por cuanto se substrae, formal y esencialmente al control constitucional. Hay que tomar en cuenta que en las claves del poder, la invisibilidad del ejercicio del mismo es proclive a que los sujetos intervinientes, de alcanzar una categoría de aparente impunidad, que le genera aparente fortaleza mientras no son descubiertos pero; por otra parte, es debilidad porque cargan con la probabilidad de ser descubiertos en el momento político más sorpresivo y son juzgados por los Tribunales por los beneficios ilícitos que han obtenido del Estado.

Estos sujetos políticos, son incompatibles con un régimen democrático, como es la República de El Salvador, y que además, es un Estado Constitucional de Derecho; lo cual significa que la función del Estado está controlada por la Constitución para evitar la destrucción de la República y que por el contrario, busca el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Las crisis del conflicto político es por el motivo de esconder intereses de partido del poder y grupos que giran alrededor del mismo, para lo cual el Gobierno debe contar con una capacidad para administrar las crisis; y también, para manejar las mismas.

La concentración de poder político en el Estado, aparentemente representa una fortaleza política, pero lo cual no es cierto, porque el poder está en todas partes y el mismo está constituido, por una red de interrelaciones de poder, además que el poder político está distribuido y se focaliza en diferentes estratos de mayor a menor grado de visibilidad. Un buen Gobierno no se debe limitar a esconder decisiones políticas y sus intenciones de estrategias y tácticas para destruir el Estado y que de esta manera se constituya en una amenaza para la Nación. Si bien es cierto que el poder esconde situaciones especiales y que también se esconde –secreto de Estado- llega un momento político en que muchas decisiones se le zafan de las manos y pierden el control del poder y surge el “contra poder” que también siempre se encuentra oculto; así las cosas, el Gobierno Constitucional se encuentra ante la amenaza de ser derrocado, puesto que se van conformando, conjuras, complots, conspiraciones, revueltas e intrigas de toda naturaleza y todo ello se da manera invisible e inaccesible.

El Maestro Nicolás Maquiavelo, en los discursos “Sobre la Primera Década”, advierte la importancia de ponerle atención a los movimientos de los inconformes y de los descontentos en el estilo y forma de gobernar, de manera opaca, no clara, no transparente, resistente a la institucionalidad de la República, con signos autocráticos, falta de seriedad en las comunicaciones públicas, incluso hasta en el giro de emitir ordenes, no rendir exámenes y rendición de cuentas, abusos de poder, resistencia de miembros del gabinete a la comparecencia ante la Asamblea Legislativa y que cuando comparecen se niegan a dar explicaciones en forma detallada y precisa del pliego de preguntas. El deber más importante de todo ciudadano es cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, es decir, velar por que se cumpla la Constitución. Es así que la defensa de la constitución recae en el Órgano Judicial; y a su vez, la constitución regula los mecanismos de defensa de la Carta Magna.