En los países con gobiernos democráticos cuyas estructuras e instituciones están bien fortalecidas, será muy difícil observar esas inquietudes. Sin embargo, en los países con gobiernos militares han pretendido prolongarse los mandatos constitucionales recurriendo a los resquicios legales, término jurídico, en lo disponible en sus constituciones y leyes secundarias. En ocasiones, aun gobiernos aparentemente civiles, manejan su accionar de manera autoritaria y no desestiman la posibilidad de alargar los periodos para los que fueron electos. Se caracterizan estos gobiernos en importarles poco fortalecer las estructuras claves que aseguran el funcionamiento democrático y, desde luego, la alternabilidad en el poder.

En los últimos decenios, ha habido y aún hay gobiernos en Latinoamérica que han hecho uso de esas quizá artimañas para alargar sus mandatos, perfilándose hacia una dictadura. A veces argumentando que el país necesita más de decenios que quinquenios para salir del atraso en que lo encontraron al ser investidos conductores de dichos países.

¿Qué es lo que aseguraría la protección de estas ambiciones un tanto mesiánicas de algunos aspirantes a gobernantes? De inicio una Constitución o Carta Magna que claramente prohíba la reelección una o más veces. Y que dichos artículos de prohibición sean pétreos: no modificables nunca. Luego un Sistema Electoral totalmente independiente, y además los partidos políticos obedezcan y respeten la existencia de una Ley de Partidos Políticos que tenga lineamientos claros de su funcionamiento, su financiamiento, membresía calificada. Por otra parte, para neutralizar esa tendencia al mandato alargado, de acuerdo al sistema de gobierno imperante que exista una estructura supranacional encargada de planificar, y que dichos planes, sean económicos, jurídicos, sociales y otros, y que estén respaldados por políticas públicas de carácter o fuerza obligatoria de orden estatal. Esto garantizará la continuidad de los planes con cualquier gobierno, de cualquier ideología.

De sobra estamos informados en los últimos meses en América de cómo gobiernos democráticos aparentes han entrado en crisis por diversos motivos, pero en su mayoría por enfoques dictatoriales y por poseer planes de desarrollo excluyentes y hasta grandemente represivos en general y ante la población y que cierran espacios para los reclamos de los sectores más afectados. Creo que nuestro país, ha vivido periodos similares a los descritos anteriormente. En la actualidad se encuentra entrando a un periodo aparentemente distinto, viene de haber sido gobernado por dos enfoques de conducción un tanto radicales, más uno que el otro, pero sí han estado según otras opiniones polarizados; más bien yo diría: gobernando para su conveniencia, ignorando casi totalmente las necesidades de desarrollo justo y sostenible de este pueblo sumamente atrasado en aspectos educativos y muy enf ermo psicosocialmente por la insuficiente cobertura e ineficacia de las acciones desarrolladas y sobre todo planes de muy corto plazo y de gran improvisación.

En múltiples artículos anteriores he señalado que la violencia de El Salvador es el producto de la poca inversión en su gente en todos los dominios. Es totalmente falso que se vaya a controlar con agentes policiacos y del ejército y otros insumos guerreros. Los avances en disminución de las muertes violentas, sin menospreciar los esfuerzos, de policías y soldados, la baja se debe a la esperanza que ha significado la llegada de un nuevo gobierno que ha prometido invertir más en los distintos sectores frágiles y con enfoque intersectorial, compromiso que adquiere cada ministerio y sector para autoevaluarse uno y otro en sus logros, pues las metas al ser comunes, dependiendo de su quehacer habitual, eso será posible. Recomiendo fortalecer con presupuesto a Salud y Educación como sectores prioritarios al anunciar dar énfasis en la educación inicial; que se cubra un 5 % anual y para la población parvularia pasar de 54 % a 75 %. De lo contrario, sería engaño y defraudación lo anunciado. Reitero categóricamente, el presidente de la República tiene que crear de nuevo un Ministerio de Planificación y que sea manejado por equipos multitécnicos, que se escriba y se publique, y que lo conozca toda la población, pero sobre todo la Academia, no solo los antiguos “tanques de pensamiento”, que se revise anualmente de ser necesario, pero que contenga políticas públicas que tiendan al perfeccionamiento para luego ser compromisos de Estado, cuyo desarrollo sea para largo plazo. Tirar a la basura el criterio de algunas gentes de que la “economía planificada corresponde a países socialistas”.