Moody´s Investors Rating, la reconocida calificadora internacional de riesgos financieros, suma sus oscuras previsiones sobre los bonos del Estado salvadoreño, a las ya hechas públicas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Fitch, la también agencia calificadora de respeto y amplia experiencia en tales asuntos y que, por el tenor de todos esos documentos, deben motivar profundo análisis y amplia discusión, no solo de los entes gubernamentales como los ramos de Hacienda y Economía, sino de otras entidades como el Banco Central de Reserva, ANEP, Academia y otras similares pues, a juzgar por el contenido técnico de esas previsiones, de realizarse en la práctica, colocaría los bonos del Estado en condiciones graves para futuras negociaciones de créditos a intereses favorables, ante los organismos financieros internacionales. No voy a reiterar la causa esencial de esos análisis desmotivadores, pues todos la conocemos y la advertimos oportunamente, únicamente para recibir duros reproches, tanto de la administración pública, como del Órgano Legislativo con mayoría oficialista.

Cuando Fitch y demás organismos mencionados al inicio, ubicaron hace unos meses, a los bonos salvadoreños en el nivel “B3”, alentamos el deseo que esa primera luz de alerta, pondría a los titulares de Hacienda y Economía, principalmente, en intensa actividad para superar tal calificación riesgosa, pero el tiempo transcurrió en dimes y diretes nada conducentes a una solución favorable y ahora, viene el duro golpe de Moody´s que degrada la deuda pública a la categoría “Caa1”, aplicable únicamente a bonos con alta especulación y altos intereses, sólo aplicables a los denominados “bonos buitre”, popularmente conocidos como “bonos basura” en los corrillos financieros.

Sólo mencionar ese adjetivo suena a un insulto pronunciado cerca de nuestros oídos, porque daña, de cuerpo entero, la confianza crediticia de toda una nación que, aunque pequeña, ha sabido honrar sus deudas internas y externas a lo largo de su moderna historia republicana. Incluso, durante los años del conflicto bélico interno, pese a la carga que tal situación generaba a las condiciones económicas, el país siempre cumplió con sus compromisos crediticios. Ahora estamos en “el filo de la navaja”, a tal punto que la calificadora advierte, sin ambages ni sofismas, que los primeros riesgos, a muy corto plazo, serían que el mercado de inversionistas podría cerrarse a El Salvador y no encontrar financiamiento para cancelar…¡800 millones de dólares en bonos estatales! Y a quien no paga, como decimos los salvadoreños, “se le cierran todas las puertas”, aunque pida fiado entre lágrimas y quejas.

Estamos conscientes que la pandemia viral ha venido a poner su negro manto sobre la actividad económica, no sólo de El Salvador, sino del mundo entero. Pero las malas previsiones arrancaron desde hace mucho tiempo para nuestro crédito financiero. No es algo que nos toma de sorpresa, pues por muchos meses, varios de nuestros economistas, con amplia experiencia, previeron que eso podría sucedernos a mediano y corto plazo. No era necesario ver una “bola de cristal” agorera, ni emitir lúgubres cantos de búhos, para advertir lo que se venía para el área vital de las finanzas estatales de nuestro país. Y esa realidad está a la vuelta de la esquina, a más tardar, a partir del primer trimestre de 2022.

Claro, el Estado podrá adquirir financiamiento, pero de los sectores especulativos, que “se frotan las manos” ante estas situaciones apremiantes, pues adquieren esos bonos basura…¡para cancelárseles a intereses prohibitivos! Es lo que observamos en los mercados y pequeños negocios, pues siendo las comerciantes locales no aptas para recibir financiamiento de bancos ni cooperativas, acuden a los “prestamistas” que, a diario, recogen algo del dinero otorgado, más el interés elevado. No restemos méritos a las críticas. Este es el momento de la acción entre el gobierno y los organismos financieros y corregir todo lo malo que se le ha señalado y que, por no parecer repetitivos, lo omitimos.