El actual mandatario, como sus ministros de Hacienda, Planificación y Economía, para el caso de esta columna, deben atender y priorizar que el sector público es un ente constitucional de la sociedad salvadoreña, que actúa y participa a nombre y representación de todos los habitantes del país, sin distingo alguno, y nunca a nombre de un partido político o de una determinada camarilla ideológica o electorera, cuyo principal mandato, aparte de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y constitucional, es alcanzar los fines y objetivos del Estado en favor de la sociedad, a sabiendas que las necesidades de esa sociedad que los ha elegido para el mando de la República, solo se satisfacen con bienes y servicios, mismos que, a su vez, dan origen a la economía en general. Esta realidad es recogida en varios textos de economistas reconocidos mundialmente, quienes en forma categórica afirman que “las necesidades son el motor de la economía nacional, porque se tiene el deber de satisfacerlas por medio de bienes y servicios”.
Ejemplos sencillos de esta afirmación podrían ser los servicios de agua potable, la recolección de los desechos orgánicos, velar por las cosechas alimenticias, prevenir la salud de los habitantes, etc. cuyas prestaciones deben ser costeadas en parte por los mismos habitantes y que generan ingresos al Estado por medio de impuestos, tasas, aforos, etc.
Y ya que abordamos el tema de pagar bienes y servicios proporcionados por el Estado a la sociedad, recordemos que el gasto colectivo, distinto al gasto individual de cada hogar o familia, es el que satisface necesidades colectivas, comunitarias o de la sociedad en general, para cuyo mantenimiento, mejora o ampliación, el sector público necesita de recursos financieros, que, al no obtenerse de forma suficiente de las tasas impositivas a la población usuaria, el Estado debe recurrir a préstamos o empréstitos, ventas de activos, bienes y servicios en el mercado interno o internacional, emisiones monetarias o venta de Letes (letras del tesoro) y bonos estatales, con intereses seguros y atractivos, para los inversionistas extranjeros, la banca internacional o Bolsas de Valores. Precisamente, esta actividad económica se podría volver difícil, incluso dudosa de su amortización en el debido tiempo y otros aspectos contractuales, si el país emisor o acreedor presenta inestabilidad política o social, como la que en estos momentos experimentamos, casi a diario, con la actual administración.
La reducción del nivel de confiabilidad en nuestras operaciones bursátiles o de préstamos, podrán ser un quiebre grave que afectaría, con alcances o efectos impredecibles, que el Estado no cumpla a satisfacción no solo con la realización de obras programadas, pagos oportunos de salarios al sector público, impago de sus obligaciones financieras por empréstitos obtenidos y que nuestras Letes pasen a la categoría indeseable de ser calificadas como “bonos buitres” o “bonos basura”. ¡Sería la debacle más espantosa para nuestra amada patria, después de la guerra fratricida!
No quiero ser un ave agorera. Pero las probabilidades de lo que dejo transcrito se basan en recientes y crueles experiencias de países hermanos de Latinoamérica. La administración pública debe moderar sus actuaciones y atenerse al cumplimiento constitucional y legal, interponiendo los recursos necesarios si considera que alguna disposición, legislativa o judicial, no es correcta ni adecuada, pero jamás entrar al desacato. Los salvadoreños aplaudiremos si ese cambio armónico lo hace el presidente Bukele, pero sin hacernos esperar mucho tiempo.