Después de afirmar públicamente que si el juez de la causa penal lo solicitaba se entregarían, desde la A a la Z los archivos militares, vimos acciones totalmente contrarias. Fuimos testigos, al igual que lo vimos en la década de 1980, a militares negando entrar a sus instalaciones a una autoridad judicial. Vimos también a voceros gubernamentales evadiendo responsabilidades sobre este hecho y direccionándolas a otras instancias del mismo gobierno ante la Corte Suprema de Justicia en Audiencia de seguimiento de cumplimiento de sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, cuya vigencia impedía en la práctica procesar legalmente a señalados por violaciones a derechos humanos cometidos durante la confrontación armada.
No debe descartase la posibilidad de que al fondo de la diatriba anti-Acuerdos de Paz que escuchamos en el discurso llevado a El Mozote el pasado diciembre, subyazca la frustración por la impotencia de no poder cumplir lo prometido a las víctimas. Pareciera que los mismos poderes que posterior a conocerse el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, se garantizaron una autoamnistía, son los mismos a los que dos gobiernos del FMLN no fueron capaces de imponer el derecho de las víctimas a la verdad y justicia. ¿Serían los mismos que aún ahora contarían con el poder suficiente para impedir que cualquier civil, sea incluso el presidente, pueda sacar a la luz esos archivos que los delata y compromete?
Lo que quedaría entonces es levantar una alta nube de humo lo suficientemente espesa para cubrir lo que en verdad sucede. Si no se cuenta con la fuerza necesaria para plantarse contra poderes más fuertes a los que no les importa realmente quien ostenta la silla presidencial, legislativa o judicial del momento e incluso podrían sacudirle si lo consideraran un riesgo, no habría nada más que hacer que agachar la cabeza ante los realmente poderosos y, como muchos antecesores con solo tuvieron poder formal, rugir con rabia contra los siempre oprimidos y contra todo lo que represente sus luchas y sus muy contados logros.
Estamos próximos, otra vez, a un nuevo aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Cierto es que fue un acuerdo pactado solo entre los protagonistas armados bajo las presiones de la época y de actores internacionales que incidían en lo que en este país ocurría. Cierto es también que poco habría que celebrar para quienes, pese a que ya no haya un conflicto reconocido internacionalmente como tal, viven día a día las violencias protagonizadas por viejos y nuevos actores. Sin embargo, al constatar en el 2020 visos autoritarios en línea regresiva contra lo poco logrado en materia de espacios de participación ciudadana, gobernabilidad, reglas democráticas y respeto a normas básicas de un Estado de Derecho, negar este evento histórico nos condena a repetir los mismos errores del pasado.
Fueron los Acuerdos de Paz los que marcaron el cese de la confrontación armada. Muchos anunciaron su fracaso, que no serían cumplidos ni siquiera en lo mínimo y la guerra volvería, lo que hubiera implicado miles de muertes más. No, definitivamente eso no es poca cosa a pesar de las deudas aún pendientes. En especial, si son los mismos actores los que garantizan que la impunidad siga vigente.