Hay un significativo malestar sobre la Asamblea Legislativa por considerar que no resuelve grandes temas en función del interés social, como la insuficiente reforma al sistema de pensiones que no pudo ni recortar la excesiva comisión que se llevan las AFP y menos crear pensiones dignas o una pensión universal -tema estructural vinculado al crecimiento de la economía, al empleo formal y a una vasta reforma tributaria que aporte los recursos suficientes para dicho fin, tal cual hizo Uruguay que cargó un incremento de siete puntos adicionales al IVA para cubrir la pensión universal-.
También ha generado desgaste la incomprensible falta de consenso para aprobar una correcta Ley de Aguas en función del derecho humano, garantizando el acceso universal a este vital líquido.
Además, la infructuosa confrontación y el bloqueo del año anterior que llevó al país al borde del impago de la deuda, dejaron una agria estela incrementada con escándalos por privilegios indebidos, vehículos de lujo, excesiva cantidad de asesores y personal de apoyo, seguro médico, viajes y viáticos, más la irracional cantidad de cargos directivos.
En el marco de las dificultades que atraviesan las finanzas públicas y las necesidades de sensibles carteras de Estado como educación, salud, seguridad es incomprensible la multiplicación del presupuesto legislativo que pasó en solo tres quinquenios de $16 millones hasta $60 millones, incremento que no lo ha experimentado ninguna otra dependencia del Estado.
El excesivo aumento de personal de apoyo, asesorías legislativas y la apertura de sedes departamentales con excesivo recurso humano puede estar íntimamente vinculado a la falta de solución de mecanismos de financiamiento de la política, partidos y campañas electorales. Buena parte de ese personal está comprometido con el desarrollo del trabajo territorial y sectorial de los partidos patrocinadores. En este sentido, se vuelve crítica la contradicción entre la demanda política y social de contar con partidos políticos fuertes y la resistencia ciudadana a que sus impuestos financien a los partidos, especialmente si no los asocian a ningún beneficio concreto.
Los partidos políticos deben fortalecerse, su democracia interna debe constituir su base esencial de transformación y los mecanismos de rendición de cuentas de los liderazgos con sus bases deben generar la comunicación necesaria para no elevar los pies de la tierra. El financiamiento de la política requiere máxima transparencia y publicidad; de lo contrario, continuaremos viendo como candidatos solo a quienes pueden costearse su campaña con sus propios recursos o como rostros de grupos económicos y políticos de poder.
Además, si de reducir gastos se trata, un mejor mecanismo es armonizar los periodos de elección y la celebración de elecciones. El Salvador es el país en la región con el periodo legislativo y municipal más corto, tres años, en el resto de países va de cuatro a cinco años; se ahorra más distanciando la celebración de elecciones que recortando instituciones. Esto se puede resolver tanto por el modelo de elección general, tal cual ocurre en Guatemala, Honduras y Panamá o por la elección de medio término.
La reducción del número de diputaciones no resuelve ni la reducción del gasto, ni la necesidad de un correcto vínculo del legislador con los electores. Una alternativa podría ser la reconfiguración de algunas circunscripciones electorales con una proporción adecuada, donde los legisladores puedan responder a la demanda, recibir insumos y rendir cuentas directas a sus electores, asumiendo una verdadera representatividad sobre los temas y necesidades legislativas que más agobian a la población; este mecanismo a la vez es óptimo para la promoción de nuevos liderazgos tanto de jóvenes y mujeres que permitan avanzar en inclusión y paridad. Eso sí, la ciudadanía también debe involucrarse y demandar.